sábado, 3 de diciembre de 2016

CAPITÁN VIOLA


Este 1° de diciembre se cumplieron 42 años del atentado que sufrió la familia Viola en la provincia de Tucumán. El capitán Humberto Viola y una de sus hijas, María Cristina, de tres años, fueron asesinados por terroristas del ERP como parte de la guerra revolucionaria que habían emprendido contra la Argentina. Otra de sus hijas, Fernanda, fue herida de bala en la cabeza. Fueron necesarias ocho operaciones para salvarle la vida y devolverle precariamente la salud. Sus asesinos están todos libres. Por el crimen fueron condenados sus autores materiales, Francisco Antonio Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Fermín Ángel Núñez y Miguel Norberto Vivanco; más tarde dejados en libertad durante el gobierno de Alfonsín mediante una ingeniería política llamada "3x2" que conmutaba sus días de cárcel en esa proporción si habían sido cumplidos durante el gobierno militar. El resto de los integrantes del pelotón que atentó contra la familia Viola ya había sido indultado por el presidente Bignone mediante el decreto 2714/83. Hoy, los asesinos condenados y confesos de la familia Viola, son querellantes en el vergonzoso juicio contra el Operativo Independencia en la provincia de Tucumán. Los asesinos son los querellantes.


Este recuerdo pretende ser un homenaje a la viuda del capitán, Maby Picón, que salió adelante con el resto de sus hijas, sin ayuda del Estado, ni de ningún organismo de derechos humanos de la Argentina ni del mundo.

Andrea Palomas Alarcón
DNI 18.011.160



NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

COMBATE DE MANCHALÁ: RECONOCEN Y DESAGRAVIAN A SOLDADOS


El concejal Andrés Suriani aseguró que la demolición del monumento se trató de un error histórico. Además dejó en manos del Ejército Argentino los pasos a seguir. “Los habían tratado casi de genocidas, pobre soldados”, enfatizó.

MANCHALÁ: HÉROES DESAGRAVIADOS MÁS NUNCA OLVIDADOS


Por Centro de Estudios Salta

En la última sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta se aprobó, por mayoría abrumadora, la resolución que deroga a la 37/12. Esa vieja resolución había dispuesto la demolición del monumento al Combate de Manchalá que se erigía en tierras del ejército en nuestra provincia. El Centro de Estudios Salta viene trabajando fuertemente para que esto ocurra, desde la promulgación de la resolución derogada, allá en el año 2012. El instrumento aprobado es el elemental e imprescindible desagravio al puñado de soldados salteños que enfrentaron, heroicamente, a una fuerza terrorista diez veces superior en la provincia de Tucumán. El 28 mayo de 1975, alrededor de las cinco de la tarde, doce soldados de la Compañía de Ingenieros 5 de Salta, que pintaban la escuela de Manchalá, fueron ametrallados por sorpresa, en un intento de aniquilamiento, por una columna del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).

La valentía, la defensa de la propia vida y la del compañero, además de la fortuna, hicieron que luego de un combate que se sostuvo hasta entrada la noche, sobrevivieran y frustraran la toma de Famaillá, objetivo final de los subversivos.


Por orden de la presidente Isabel Perón, los soldados se encontraban allí para defender el gobierno constitucional, la integridad del territorio nacional y el Estado de Derecho. Demás está decir que cumplieron con creces su función y esa, y no otra, fue la motivación para que se erigiera el monumento al Combate de Manchalá en la ciudad de Salta, origen de los héroes hoy desagraviados pero nunca olvidados.

viernes, 2 de diciembre de 2016

VIOLACION AL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE DIVISIÓN DE PODERES

Buenos Aires, lro. de diciembre de 2016.

Sr. Diputado Nacional Emilio Monzó:


Tengo el honor de dirigirme a Ud. a fin de adjuntar una nota, cuyo texto también transcribo a continuación, solicitando vuestra intervención dada la gravedad institucional que, a mi criterio, se evidencia. No soy ajeno a la grave problemática que afecta a la Nación, pero no puedo mantenerme silente  ante la situación que se plantea por lo que solicito vuestra intervención como Diputado Nacional y Presidente de la HCDN que integra, informándole que copia de la misma será remitida a la Presidencia de la Nación, Ministerio de Justicia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cámara Federal de Casación Penal y Consejo de la Magistratura de la Nación.


Atentamente


Guillermo Jesús Fanego
Abogado CSJN T° 21-F° 382
DNI 10.691.837
Avda. Corrientes 1450 4to. piso “B” CABA
TE 4371-9467/15-5307-0999.
fanegogj@cpacf.org.ar

PD: si considera necesario que esta presentación se efectúe también en papel, hágamelo saber. 


Buenos Aires, 1ro. de diciembre de 2016.-


Al Sr. Presidente de la
HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACIÓN.
Diputado Emilio Monzó.-
S./D.-


De mi mayor consideración:


Me dirijo a Ud., a fin de poner en vuestro conocimiento una situación que considero violatoria del sistema constitucional de división de poderes, pues algunos integrantes de ese cuerpo colegiado que preside han actuado, de manera indebida ejerciendo presiones a los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 5, con asiento en Avda. Comodoro Py 2002 6to. piso de CABA, quienes intervienen en la causa “ESMA UNIFICADA”.




Los Diputados Donda Pérez, Soledad Martínez y Leonardo Grosso remitieron notas a los Jueces que integran el mencionado Tribunal, a fin de requerir la designación de una funcionaria para que intervenga en la causa “ESMA UNIFICADA”. Este pedido resulta repugnante al orden constitucional por cuanto, abusando de su condición de integrantes de la Comisión de DDHH y Garantías de la HCDN, se hacen eco del pedido que le efectuaran algunas de las querellas que intervienen en ese proceso.
 
Dra. Irene Victoria Massimino

Según ha llegado a mi conocimiento por parte de personal que labora en ese Poder Legislativo Nacional, algunas organizaciones querellantes, -como por ejemplo "Madres de Plaza de Mayo -línea fundadora", Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Asociación de Trabajadores del Estado -ATE (esta última excediendo el ámbito de su competencia personal pues es una asociación sindical)-, promocionaron la designación de la Dra. Irene Victoria Massimino en notas presentadas a la Sra. Presidenta de la Comisión de DDHH y Garantías de la HCD, para que “. . . . intervenga como funcionaria en la causa ESMA Unificada que tramita ante el Tribunal Oral Federal[sic] Nro. 5 de la Capital Federal…”.

Pero este pedido, delata el descaro con el que se ha tratado durante los últimos 12 años, los procesos que han sido dados en llamar como de "lesa humanidad", que no es más que la paradoja de un proceso penal en el que no se respeta ninguna norma convencional o constitucional derivadas de los artículos 18 y 75 inc. 22 de la CN. Frente al panorama que los ciudadanos argentinos contemplamos de lo que fue la justicia en los últimos años, sufrimos una nueva desilusión al ver que nada cambia, que todo continúa y que la desfachatez se incrementa. No son vanas adjetivaciones sino que es el resultado que compruebo en el ejercicio profesional y que con meridiana claridad se desprenden de las notas que esas organizaciones remitieron a los diputados y estos reenviaron al TOF nro. 5 de cuya lectura se advierte que la promocionada Massimino es una persona de conocimiento de aquellos “… dedicada desde hace mucho tiempo al estudio de la problemática de los derechos humanos, y en particular a la causa de lesa humanidad que han tramitado y tramitan en el territorio de nuestra Nación. Cabe destacar que, además de su vasta trayectoria en el trabajo e investigación sobre crímenes de Estado a nivel nacional e internacional, la mencionada Dra. Massimino es Secretaria de la Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio… miembro representante de la Comisión Directiva de la Asociación Pensamiento Penal (APP), miembro de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y miembro de la Alianza Global para una Educación Justa, todas organizaciones no gubernamentales dedicadas a fomentar un respeto irrestricto de los derechos humanos para la construcción de una sociedad más igualitaria… Desde nuestro rol de querellantes, estamos en condiciones de afirmar, que ciertamente, la causa ESMA UNIFICADA, es una mega causa iniciada en su etapa de juicio oral en el año 2012 y que al día de la fecha aún no ha concluido [sic] el debate, ….De allí, entonces, que se requiera la incorporación de una profesional idónea en la materia y que sigue unida de previos conocimientos respecto al contexto situacional en el cual se desarrollan las acciones delictuales….”.A buen entendedor, pocas palabras pues, lo que han dicho es lisa y llanamente que proponen la designación de una “comisario político” que las redacte una sentencia condenatoria en clara violación a las normas constitucionales, en especial la igualdad ante la ley respetando el principio de inocencia del que todos (sin exclusiones) debiéramos gozar.

Considero que la no interferencia en los actos de los legisladores cede ante la gravedad institucional que representa la injerencia de un poder en otro y en especial la pretensión de designar a querellantes para qué trabajen y seguramente redacten una sentencia en una "parodia" de juicio o, -dicho de otra manera -, aportar a la finalización de este “juicio de venganza".

Aún no es podido comprobarlo pero estaría en condiciones de sostener que para llevar a cabo esta maniobra debieron contar con la aquiescencia de alguno de los jueces del mentado tribunal. De resultar cierta esta sospecha, quedaría al descubierto lo que tras bambalinas se cuece en esta causa que tiene un resultado "acordado" desde antes de su inicio.

Desde el inicio de este proceso, se ha sostenido la injerencia del PEN en la tramitación de esta causa al aceptarse la representación, como querellantes, de la Secretaría de DDHH que integra la APN, cuyo jefe es el Sr. Presidente de la Nación (art. 99 inc. 1 CN) a quien se le ha solicitado que se aparten de cumplir tal rol pues debe ser considerado como violatorio a la organización republicana (arts. 18, 28, 33, 99, 109 y ccdtes. de la CN). Ahora no solamente es el PEN quien se entromete en un proceso judicial sino también el Poder Legislativo por lo que, en aras de rescatar lo poco que queda de justicia independiente, solicito al Sr. Presidente de la HCD que arbitre los medios necesarios para evitar sucesos como el que desgraciadamente tengo que revelar.

Por último, debo mencionar, que me encuentro legitimado pues ejerzo la profesión de abogado y en tal sentido me ha sido encomendada la defensa de varios imputados en ese proceso, razón por la cual y en incumplimiento de mis obligaciones profesionales, guardando el debido secreto de las fuentes en las que abrevé, tengo un legítimo interés por la suerte de mis asistidos y evitar el mayor daño que se les quiera causar en estos "juicios de venganza".

Saludo usted con mi consideración más distinguida esperando que no sea fútil este cometido que llevó adelante pues, aún guardo la esperanza de un futuro mejor para nuestra querida Patria y que la sensación del gatopardismo que sentimos muchos argentinos sea solamente eso, una sensación.

Atentamente.

Guillermo Jesús Fanego
ABOGADO- CSJN T° 21-F° 382
DNI 10.691.837
Avda. Corrientes 1450 4to. piso “B” CABA
TE 4371-9467/15-5307-0999

NOTA: Las imágenes no corresponden a la nota original.

“NOS ENTREGARON AL ENEMIGO”

La tremenda carta de un militar a los Generales argentinos

Dic 1, 2016


Generalmente, respecto de la cuestión “Juicios de Lesa Humanidad”, suelen oírse reproches hacia el presidente de la Nación, hacia los políticos en general y hacia los diversos organismos de Derechos Humanos, todos ellos cómplices (tanto por acción u omisión) del actual orden de cosas. Pero prácticamente nunca se ha generado un cuestionamiento al curioso silencio nada menos que de los actuales generales de las distintas armas del Ejército Nacional. Por este motivo cobra especial relevancia la carta que a ellos dirige el Suboficial Mayor (R) Juan Armando Giovarruscio. Sabrá el lector digerir e interpretar las duras expresiones que siguen a continuación y que, aunque pocas veces han sido pronunciadas, seguramente reflejarán el sentir de miles de familias argentinas.

Escribe: Juan Armando Giovarruscio  [1]

Señores
Generales de la Nación Argentina

De mi mayor consideración:

En mi calidad de Suboficial Mayor Retirado del Arma de Infantería, prisionero del estado argentino, detenido ilegítimamente, procesado, con ya casi cuatro años de prisión preventiva, me nace la inquietud de hacerles llegar estas líneas.

Me dirijo a todos los Generales en actividad tras haberlo hecho en su momento y en particular con los señores Jefes de Estado Mayor Gral. César Milani y Luis Cúndom, sin haber obtenido ninguna respuesta. ¿Por qué será así?

Particularmente, a mí se me acusa de haber violado, siendo suboficial –sargento– los derechos humanos hace 38 años. Todo esto… sin absolutamente ninguna prueba.

Al requerir por mi parte quién me acusa y qué pruebas existen en mi contra, el “juez subrogante” (NO JUEZ NATURAL) Eduardo Ariel Puigdéngolas, me manifestó: “A usted no lo acusa ninguna persona, pero usted estuvo en San Rafael” (?), lo cual deja en evidencia tanto la completa falta de imparcialidad como el hecho de que ya tenía una decisión tomada y que era inútil la etapa de instrucción.

Es decir, las “pruebas contundentes” que pesan sobre mí y que me convierten en delincuente son:

·       Haber pertenecido al Ejército y estar destinado entre los años 1976/1980 en la Sección 144 “San Rafael”.
·       Poseer la Aptitud Especial de Inteligencia y Comando.
·       Poseer la Aptitud Especial de Comando.

En virtud de tamañas arbitrariedades, hoy insisto en dirigirme a ustedes dado que me resisto a creer, o mejor dicho no puedo entender, cómo es posible que a 39 años de haber librado un combate contra fuerzas irregulares (entrenadas en el exterior), que tenían como objetivo eliminar un millón de argentinos para instalar el marxismo en el país, hoy seamos prisioneros de aquel enemigo (más de dos mil detenidos y casi 400 muertos en cautiverio); ¿cómo es posible que a esta altura de los acontecimientos y a casi diez años de reiniciarse un plan de venganza denominado “política de Estado”, la conducción de las FF.AA. aún continúen comprando el relato de que cometimos un genocidio y violamos los DD.HH.? Sí… sí… hubo hechos de exceso. Pero ello fue la excepción. La misión sublime de salvar a la sociedad argentina de las garras del totalitarismo se cumplió tal cual lo ordenaron.

Me sorprende la falta de dignidad ante los muertos, heridos y prisioneros que se encuentran abandonados en el ocaso de sus vidas.

Hace casi cuarenta años yo era Sargento, por lo tanto, ustedes bien saben que los suboficiales no tuvimos la mínima posibilidad de planificar, decidir y menos aún ejecutar ninguna acción que no estuviera debidamente ordenada de acuerdo a las leyes y reglamentos militares.

“Entregué lo mejor de mi vida al Ejército y a la Patria”

Hoy, luego de varios años de injusto e ilegal presidio, puedo afirmar:

·       El Ejército me entregó para redimir “su culpa”. Para ello facilitó mi legajo a las organizaciones de DD.HH. y al CELS, que preside Horacio Verbitsky.
·       Se viola la Constitución Nacional, principalmente los artículos 18, 27, 75 inc. 22.
·       Se invierte la carga de la prueba. Para lograr detenerme se ha realizado un montaje judicial que pretende hacer creer que somos peligrosos para la sociedad y que por ello el Estado “hace justicia” al apresarnos.
·       Se ha destruido el sistema de derecho al incorporar teorías extrañas al mismo, cargadas de odio, y sólo nos juzgan a nosotros, mientras a los terroristas los distinguen con cargos públicos.
·       Se violan, mediante una interpretación sesgada, los Tratados Internacionales como el Tratado de Roma, el Pacto de San José de Costa Rica, etc.
·       Se juzga con una justicia de doble estándar (por ejemplo, “yo, preso; Milani libre”).
·       No se juzga con el Código de Justicia Militar. Nos cambiaron todas las reglas de juego. Jueces que no son los naturales, tribunales especiales, construcción de la memoria respecto de hechos falsos…
No puedo creer que las FF.AA. continúen indiferentes ante tamaña injusticia, haciendo pagar a los cuadros subalternos una fiesta en la cual no tuvimos la más mínima posibilidad de decidir. No puedo entender cómo la conducción de las FF.AA. permanece impasible ante las violaciones de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales. (Es lo que percibo desde el cautiverio). No estoy sugiriendo ningún hecho de violencia, tal como se hacía en otras épocas. Me sorprende la falta de dignidad ante los muertos, heridos y prisioneros que se encuentran abandonados en el campo de batalla, más cuando esos muertos, heridos y prisioneros… están en el ocaso de sus vidas.

No observo un solo gesto de contención, comprensión o solidaridad, ya no con los presos, pero al menos con los familiares, dado que son quienes más sufren.

Por otra parte, aún está la sangre pegada en las paredes y los restos esparcidos por las calles solitarias, los barrios y los cuarteles, allí mismo donde cayeron nuestros camaradas bajo las balas asesinas y traicioneras del terrorismo.

No me voy a detener en describir todas las violaciones e ilegitimidades a las cuales estamos sometidos, dado que ya es público y notorio y está al alcance de todo aquel que se interese.

“Ni siquiera se acercaron a nuestras familias para ver si necesitaban algo”

Quiero expresarles, además, porque es probable que aún no lo hayan percibido, que los más de 2000 prisioneros (sin olvidar los casi 400 muertos) permanecemos moralmente enteros.

El Estado “enemigo” argentino no ha podido quebrar nuestra voluntad y, tal cual nos entregamos en el pasado, hoy estamos dispuestos a morir de pie. Es probable que cada muerte nuestra signifique en el futuro cientos de luchadores que pelearán en todos los frentes para revertir la injusticia que hoy se comete con nosotros.

Señores Generales, es preciso que comprendan que hoy lo que está en peligro no es MI libertad sino LA LIBERTAD DE TODA LA SOCIEDAD ARGENTINA. Mañana irán por otros oponentes que “el modelo” creará.

Esta indiferencia por parte de ustedes, los Generales, se recibe y percibe no de otro modo que como TRAICIÓN Y DESPRECIO. Hemos sido entregados al enemigo, dejados dispersos en el campo de batalla, heridos, viejos, enfermos, indefensos y desprotegidos, despojados de todos nuestros derechos (hasta de ser atendidos en un hospital militar). Somos la carne de cañón ofrecida por la institución para redimir un pasado del cual no tuvimos la mínima o nula posibilidad de decisión.

Esta indiferencia por parte de ustedes, los Generales, se recibe y percibe no de otro modo que como TRAICIÓN Y DESPRECIO

Hoy somos discriminados, ignorados y estigmatizados hasta por nuestros pares. No existe un solo gesto de humanidad ni para con nuestros seres queridos, que son los que más sufren. De parte de ustedes, los Generales, nuestras familias no han recibido el más mínimo gesto, ni siquiera una sola visita a sus domicilios para ver cómo están, qué necesitan, o para llevarles alguna palabra de aliento a esas personas que ayudaron a sus hijos o a sus nietos a recorrer la vida militar durante más de treinta años.

Si hoy me tocara partir de este mundo, lo haría mirando al Cielo, de pie y bien firme, para que se vea la bayoneta traicionera del EJÉRCITO ARGENTINO clavada en mi espalda, que traspasa hasta el pecho y atraviesa mi corazón.

Le entregué lo mejor de mí al EJÉRCITO Y A LA PATRIA. Treinta y tres años de vida. Yo, hoy, no necesito probar mi inocencia; SOY inocente.

Sin otro particular, y con el mayor de los respetos y consideración, saludo a los señores Generales del Ejército Argentino.






[1] Preso Político Argentino – Penal de San Felipe, Mendoza.

VALIENTES Y COBARDES HABRÁ SIEMPRE....


Hubo ayer una noticia que debe enorgullecernos, la legislatura salteña derogó una repulsiva ordenanza que declaraba "genocidas" a un pequeño grupo de soldados (colimbas para más datos) que no dudaron en defender a la Patria del ataque de más de un centenar de "jovenes maravillosos, traidores y asesinos".

Los valientes de Manchalá fueron reconocidos como tales


Los mensajes de alegría y salutación se multiplicaron durante todo el día en las redes.

Y en contraste, me llama la atención el absoluto silencio de nuestras autoridades nacionales...

Son las mismas autoridades que no dudaron en plegarse al cobarde coro de tiradores de flores al río en homenaje a tantos asesinos traidores a la Patria...

Son las mismas autoridades que llegaron al poder prometiendo acabar con el "curro de los derechos humanos"...

Son las mismas autoridades que siguen sin reconocer a quien haya ofrendado o puesto en peligro su vida para defender nuestro pabellón...

Son las mismas autoridades que mantienen los jugosos subsidios, cargos públicos, prebendas y demás privilegios para todos los que atentaron contra la democracia, todos los traidores a la Patria

Son las mismas autoridades hipócritas y cobardes de siempre.....


Juan Manuel Otero

PRIMERA JORNADA DE AYUNO Y ANÁLISIS DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE ARGENTINA



PRIMERA JORNADA DE AYUNO Y ANÁLISIS DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE ARGENTINA A DESARROLLARSE LOS DÍAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE DE 2016

Las dos actividades que titulan la convocatoria a nivel nacional buscan la confluencia del ayuno, como método de reflexión y concentración, y el análisis, como herramienta racional direccionada a los temas a evaluar.

El ayuno será voluntario y de alimentos sólidos por 48 hs corridas.

El análisis será realizado por distintos equipos integrados por quienes deseen participar en cada penal del país, en base al siguiente temario tentativo.

Balance del 1er año de gobierno de Cambiemos en relación con  derechos humanos de los PP.
  • Evaluación de la justicia con relación a las causas de “lesa humanidad” (condenas, domiciliarias, prorroga de preventivas, continuidad de los juicios, etc).
  • Vinculación con los organismos de DDHH internacionales(CIDH, CPI, etc.).
  • ¿Se acabó el curro de los DDHH?.
  • No reconocimiento del gobierno para con las víctimas del terrorismo castro comunista en los 70.
  • Apoyo del gobierno a las actividades de las ONGs que reivindican al terrorismo de los 70 (Con base en los medios de comunicación).

Balance de las acciones realizadas por ONGs amigas y referentes de la causa de los PP.
  • Evaluación de la actividad de la Sec de DDHH y los organismos de DDHH de izquierda y su accionar frente a la  Justicia y el gobierno actual.
  • Evaluación del rol de la Iglesia Católica, otros credos y organizaciones, en la búsqueda de la paz y la reconciliación.
  • Probable evolución y cursos de acción por parte de los PP.
  • Informe final (será distribuido a los destinatarios que en la jornada se determinen).

Información:


CON LAS FAMILIAS TAMBIÉN SE METIERON


María Cristina Viola, tres años, su última foto, sí, con las familias también se metieron!!!

Los que hemos sobrevivido al ataque terrorista del 70 aportamos nuestro testimonio, lamentamos que la promesa de terminar con la injusticia de las víctimas del terrorismo no hayan sido cumplidas por el gobierno del presidente Macri. Deseamos que no sean sólo promesas de campaña.

Reclamamos nuevamente verdad, justicia, historia y reparación!!!

Arturo C. Larrabure

jueves, 1 de diciembre de 2016

EL PUDOR Y EL OPERATIVO INDEPENDENCIA

Por Mauricio Ortín

Créase o no, el auto de elevación del juez Bejas, el que promovió el juicio oral que por estos días se celebra en Tucumán con el nombre de “Operativo Independencia”. Afirma que el contexto en el que se dieron los hechos que se juzgan fue el de un plan de aniquilamiento sistemático contra la población civil a través del cual cientos de tucumanos fueron perseguidos, torturados y/ o eliminados por su posición política, pensamiento, o condición social. Casi idéntica aserción obra en el respectivo requerimiento a juicio producido por los fiscales Leopoldo Oscar Peralta Palma y Pablo Camuñas (“la primera intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos”). Pues bien, actuando ambos escritos en la causa y teniendo en cuenta el hecho de que el “Operativo Independencia” comenzó a ejecutarse el 8 de febrero de 1975, no hay otra opción posible que endilgar la responsabilidad intelectual al gobierno que diseñó y ordenó dicha acción. El cuál, no es otro que la gestión del partido Justicialista comandado por María Estela Martínez de Perón y sus ministros.

Yo no fui; fueron ellos

Mas, créase o no, el juez Bejas, en su escrito, sostiene que no fue así y, en una suerte de responsabilidad objetiva, atribuye exclusivamente la responsabilidad del Operativo Independencia al colectivo de las fuerzas armadas y a las de seguridad (jefes y subordinados incluidos). De allí que, con prescindencia del cargo o grado del individuo y por el mero hecho de pertenecer al colectivo que actuó en Tucumán en esa época, es suficiente para caer bajo el estado de sospecha. En tal marco “jurídico” una simple denuncia por una “violación de domicilio”, supuestamente, acaecida hace cuarenta años basta y sobra para procesar penalmente, enviar a juicio y condenar al infortunado; no así, en cambio, para Estela Martínez de Perón y los ministros firmantes del Decreto 261/75 que ordenó dicho Operativo. Es más, en su escrito, Bejas sugiere que los militares (léase, desde Videla hasta el cabo más moderno e incluyendo a los conscriptos) se aprovecharon de la candidez política de los López Rega, Lorenzo Miguel, Cafiero, Ruckauf, Herminio Iglesias y demás angelitos del peronismo gobernante para embaucarlos y así convencerlos de firmar el decreto para combatir la subversión en Tucumán.

Onganía, verdadero “padre” del Operativo Independencia

Según Bejas el Operativo Independencia constituiría una segunda fase a ejecutar de un plan militar contra la economía tucumana anterior al gobierno peronista que asumió el 25 de mayo de 1973. “El Operativo Tucumán”, a éste se refiere, es un plan de la presidencia del general Onganía que, entre otras medidas y en medio de la crisis del bajo precio mundial del producto, terminó con el subsidio a la industria azucarera tucumana. Dicho plan, sostiene Bejas, preveía la futura represión de los obreros y campesinos (especialmente sus líderes sindicales) que se verían afectados por la pérdida de sus fuentes de trabajo.

Al juez Bejas lo comprenden las generales de la ley

Ello así porque Bejas, antes de ser juez federal, se desempeñó como apoderado del partido justicialista tucumano (antecedente que suele ser decisivo en la elección de un magistrado). Por ende, quién más calificado e interesado que un ex apoderado para desvincular a su partido de la paternidad del Operativo Independencia. Además, un trámite sencillo por estos tiempos; como quitarle un dulce a un niño; sobre todo cuando se tiene a disposición a ancianos militares que hacen de pato de todas las bodas de los políticos.

Trabalenguas de la traición

El Operativo Independencia fue ordenado, en su momento, por los peronistas para defender un gobierno peronista de los terroristas que querían hacerse del poder por las armas. Hoy, paradojalmente, son también peronistas los que persiguen y llaman “genocidas” a aquellos que cumplieron la orden (“criminal”), del gobierno peronista, de defender el gobierno peronista. Y, para más inri, son peronistas los que les erigen monumentos y llaman víctimas a justamente aquellos que, en su momento, mandó a aniquilar.

Los hechos

A nadie, que frise los cincuenta años o esté medianamente informado, se le escapa que el Operativo Independencia fue la reacción natural, previsible, constitucional, lógica y espontánea, del gobierno civil de Isabel Perón, al ataque de fuerzas guerrilleras que intentaron hacerse del estado tucumano como primer paso hacia la toma del poder de la Nación. Así lo expreso el fallo de la causa 13 en el juicio a las Juntas. Por lo dicho, además de una falsedad ideológica, constituye una burla y un insulto a la inteligencia de los argentinos el llamar “opositores políticos civiles” a individuos que, estaban organizados en banda (Ejército Revolucionario del Pueblo) vestían uniforme de combate, portaban armas largas a la vista, habían sido entrenados militarmente en Cuba, enarbolaban bandera extraña al pabellón nacional, contaban con extranjeros en sus filas, atacaban cuarteles; tomaban pueblos; secuestraban y asesinaban civiles (entre ellos, niños); derribaban aviones; etcétera. Así, por ejemplo y con el objeto de aniquilarlos, en número de 120 atacaron a doce soldados en la escuela de Manchalá. Todos esos actos de guerra están registrados hasta en los más mínimos detalles en los cientos de publicaciones del ERP. Sin embargo e incomprensiblemente, Bejas y los fiscales del caso no se tomaron el trabajo de citar una de estas revistas. ¿Será que allí, por lo menos una vez por página, se insiste que están librando una guerra? ¿Será que se quiere ocultar lo evidente?

Lo evidente

Lo evidente es que era absolutamente legítimo e imperioso reprimir a los guerrilleros en Tucumán. Se podrá cuestionar la forma. Más, no es ésta sino la represión, en sí misma, lo que el juez Bejas y los fiscales consideran crimen de lesa humanidad. El axioma que rige en los juicios de lesa humanidad es que reprimir a los “opositores políticos” es un acto criminal de lesa humanidad. De allí que los jueces y fiscales, a contrapelo de los hechos, se ven en figurillas para negar que fue una guerra. Se llega hasta el monstruoso absurdo de, por ejemplo, que en el propio juicio oral los asesinos del Capitán Viola y su hija María Cristina sean querellantes-víctimas de aquellos que los reprimieron por haber cometido el tan alevoso crimen. Un disparate nauseabundo que califica crimen de lesa humanidad al hecho de que los policías atrapen a los asesinos pero no al que estos (para los jueces, “víctimas”) masacren a una niña de tres años.

Pudor


El tribunal de la Megacausa “Operativo Independencia” está integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Los dos primeros, ya recibidos de abogado, residieron en Tucumán en el tiempo de los hechos que se juzgan. Como pocos y de manera directa, conocen el contexto en que se dieron. Es de suponer que el contexto histórico, que el juez Bejas y los fiscales proponen como el real, les cae como una grosera falta de respeto a su inteligencia y a su investidura. De no ser afectados de tal manera y aceptar dicho “contexto” como ajustado a la verdad, entonces sería deseable que, por una cuestión elemental de pudor, transiten las calles de La Cuna de la Independencia con sus respectivas caretas.

miércoles, 30 de noviembre de 2016

ILEGALIDAD DE LOS JUICIOS LLAMADOS DE "LESA HUMANIDAD"


A TODOS LOS CAMARADAS DE LAS FUERZAS ARMADAS, FUERZAS DE SEGURIDAD, FUERZAS POLICIALES Y FUERZAS PENITENCIARIAS,

A LOS INTEGRANTES DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES Y ONG VINCULADAS,

A TODOS LOS ALLEGADOS, AMIGOS, INTERESADOS Y COMPATRIOTAS EN GENERAL,

Estimados Camaradas y Amigos:

Sabido es que la persecución judicial desatada contra los miembros de las distintas Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles (incluidos mujeres y hombres), ha dado paso a interminables procesos viciados de nulidad absoluta. Así lo continúan formalmente denunciando numerosos académicos y especialistas del Derecho.

La Constitución de la Nación Argentina, infinidad de Normativas Legales y Principios del Derecho con reconocimiento universal, han sido -y continúan siéndolo- sistemáticamente vulnerados.

A partir de lo expresado en el libro Juicios de Venganza (Juan Daniel Amelong - Alberto E. González - Abril 2015), las aludidas violaciones, irregularidades y/o arbitrariedades más relevantes se encuentran desarrolladas en el extracto "Ilegalidad de los Juicios llamados de Lesa Humanidad", documento de 9 (nueve) fojas.

Resulta también de capital importancia tomar conocimiento del aludido documento, solicitándose asimismo otorgarle la mayor difusión pública posible.

Coronel (R) Guillermo César Viola

Unión de Promociones

martes, 29 de noviembre de 2016

EL CAMARISTA FREILER Y SUS CÓMPLICES EN LA JUSTICIA FEDERAL

Ya desde 2012 en este blog existen notas llamando la atención sobre el juez Eduardo Freiler y señalando como uno de los de los que hicieron del prevaricato su metodología para negar justicia, para posibilitar la venganza del terrorismo contra las FFAA que los vencieran en el campo de batalla de los ’70.


Una vergonzosa red de complicidades se tejió en los tribunales de Comodoro Py para otorgarle impunidad al juez que no puede justificar su patrimonio

La sonrisa de la impunidad. Foto: Archivo

Con otro estilo, el camarista federal Eduardo Freiler parece dispuesto a recorrer la senda del escándalo judicial que en su momento hizo tristemente famoso al ahora ex juez Norberto Oyarbide.

Los escándalos judiciales que protagoniza Freiler, integrante de la Sala I de la Cámara Federal porteña, tienen, también, la rara virtud de mostrar una red de complicidades y encubrimientos en la justicia federal que va más allá de él y que revela un muy preocupante modus operandi al que es preciso poner fin. Se trata de los delitos cometidos por jueces y fiscales que se apañan y se protegen entre ellos y que, al hacerlo, cometen nuevos delitos a los que ellos otorgan un blindaje de impunidad.

Son varios los problemas de Freiler, uno de los magistrados más allegados y funcionales al kirchnerismo. Para empezar, un gigantesco enriquecimiento que hasta ahora no ha podido explicar y que se compone de caballos de carrera, campos, una mansión en Olivos, un departamento en Pinamar y una flota de automóviles de colección y un yate, además de un 50% de un balneario en Necochea. Lo más llamativo es que, como informó LA NACION, buena parte de esos bienes habrían sido adquiridos entre 2012 y 2015 con su sueldo de camarista. Freiler también es propietario de una financiera en sociedad con la ex esposa de Alfredo Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo.

Luego de que el abogado Ricardo Monner Sans lo denunció por enriquecimiento ilícito y por su sospechosa participación societaria en la financiera, se puso en marcha la aceitada maquinaria judicial para defender a sus miembros a partir del principio "hoy por vos, mañana por mí".

Así fue como en la causa por enriquecimiento ilícito actuó el fiscal Ramiro González, quien se desempeña como profesor en la cátedra de Freiler. En tiempo récord y sin que se llevaran a cabo peritajes ni ninguna medida de prueba, la enorme fortuna de Freiler se volvió lícita y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo sobreseyó basándose en los dichos del propio investigado. Importante pieza en esta deleznable maniobra, Martínez de Giorgi, a diferencia de Freiler, se caracteriza por su bajo perfil. Su esposa, Ana María Juan, es secretaria en la misma sala de la Cámara Federal de Freiler.

Como dijimos en esta columna en abril pasado al ocuparnos de los escándalos de Freiler, Martínez de Giorgi asumió una jurisdicción que jamás debió haber asumido pues, por razones de elemental decoro, debió haberse excusado, y absolvió con una velocidad inédita al jefe de su señora. Lo mismo cabe decir del fiscal González, quien también debió haberse excusado, dados sus vínculos con el camarista investigado. En este punto, dichos funcionarios parecen no ser conscientes de que es imprescindible que quienes administran justicia no incurran en conducta alguna que pueda arrojar dudas sobre la imparcialidad con la que deben actuar.

En cuanto al fiscal González, Monner Sans lo denunció penalmente para que se lo investigue por presunto enriquecimiento ilícito. La causa recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral.

A su vez, por considerar con mucha razón que el sobreseimiento de Martínez de Giorgi a Freiler es fraudulento, el abogado pidió la reapertura de la causa con el argumento de que se trata de una sentencia írrita pues se sobreseyó sin ninguna investigación. En declaraciones a Perfil, Freiler calificó de "aberración jurídica" la cosa juzgada írrita, y al presentar ante el Consejo de la Magistratura donde se lo investiga su descargo, que en realidad pareció un descaro, argumentó que aquel sobreseimiento en la causa de enriquecimiento ilícito es cosa juzgada.

Quizá debiera recordársele a Freiler que la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta reconoce antecedentes en fallos de la propia Corte Suprema y también de la Cámara Federal de Casación Penal, que son sus superiores jerárquicos, lo cual revela, una vez más, su incompetencia para ocupar el cargo que ostenta. O que su criterio es tan parcial como interesado, pues la impunidad que se otorgan unos a otros los magistrados requiere que no haya la menor fisura en la cosa juzgada si el beneficiado es uno de ellos.

No hace mucho, al analizar en esta columna el tema de la sentencia írrita, señalábamos que la cosa juzgada o la imposibilidad de rever una sentencia firme es uno de los pilares del Estado de Derecho, pero planteábamos también que cuando se utiliza a la Justicia para garantizar el fruto de la corrupción y la impunidad de los culpables, la sociedad no puede quedar inerme teniendo que soportar en el futuro a los corruptos devenidos en honestos por sentencias judiciales inamovibles y no revisables. En síntesis, ¿puede lograrse impunidad a través de fallos inescrupulosos? En ocasiones, se recurre también hasta a la autodenuncia para obtenerlos con jueces amigos que garantizan impunidad.

Si el juez no accede a beneficiar a sus colegas, se lo quita del medio. En 1991 el juez Miguel Pons procesó a su colega María Servini de Cubría por su escandalosa actuación en el Yomagate en beneficio de Amira Yoma, ex cuñada de Carlos Menem, y pidió su juicio político, pero fue ascendido a juez de tribunal oral y la causa terminó en la Corte con sólo un descuento de 60 pesos en el sueldo de Servini de Cubría.

Freiler ha sumado otra denuncia en su contra, basada en versiones coincidentes sobre un pago a este juez que habría realizado el empresario del juego, presidente de Boca Juniors y operador judicial del Gobierno, Daniel Angelici, para beneficiar a Mauricio Macri en la causa de las escuchas telefónicas. El 14 de junio pasado, la Sala I de la Cámara Federal, que integra Freiler, confirmó el sobreseimiento del Presidente, que había resuelto el juez federal Sebastián Casanello en diciembre del año pasado, pocos días después de que Macri asumió la presidencia. La denuncia por el pago de las presuntas coimas la realizó un diputado del massismo e incluye a Angelici.

La Justicia es la institución fundamental para llevar a cabo la tan ansiada lucha contra una corrupción que en las últimas décadas ha crecido exponencialmente.

Pero no hay ninguna posibilidad de librar esa contienda si al mismo tiempo no se procede a sanear la Justicia de personajes tan siniestros como Freiler y varios de sus colegas del fuero, como también muchos fiscales. En el caso de ellos, el problema consiste no sólo en que no combatan la corrupción, sino que forman parte de ella.