miércoles, 28 de septiembre de 2016

ORDENAN TRASLADAR A JORGE D’AMICO A CÁRCEL DE EZEIZA

Los mismos jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, que lleva adelante la Megacausa III cuyo juicio de lesa humanidad fue suspendido por la Cámara Nacional de Casación Penal, responsables del fallecimiento del Coronel Cayetano Fiorini y del juez Arturo Liendo Roca; decidieron trasladar al Mayor Jorge D'Amico al penal de Ezeiza.

El pasado 24 de agosto el Mayor D'Amico, ingresó al hospital de la provincia de Santiago del Estero custodiado por personal del Servicio Penitenciario de Colonia Pinto para ser asistido tras sufrir una descompensación, cuando anteriormente el médico de la corte pidió que varios de los imputados, entre ellos el Mayor D'Amico, el Coronel Fiorini y el juez Liendo Roca no estuvieran en este juicio ni en la cárcel, que les correspondía domiciliaria. Los jueces Noli, Ramos Padilla y Villalobos hicieron caso omiso las indicaciones del médico con los  resultados conocidos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo jueces que fueron terroristas en los años ‘70? Es estado debe garantizar un juicio justo y el debido proceso, además es responsable de velar por la salud de los detenidos.

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva
por una Nueva Década en Paz y para Siempre


ORDENAN TRASLADAR A JORGE D’AMICO A CÁRCEL DE EZEIZA

No se hizo lugar al pedido de arresto domiciliario. El 4 de octubre próximo sigue el juicio con testimoniales.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero resolvió no hacer lugar al pedido de arresto domiciliario impulsado a favor del mayor (R) Jorge Alberto D’Amico, uno de los represores que está siendo juzgado en el proceso que se efectúa por la Megacausa III de Derechos Humanos.

Incluso, los camaristas fueron más allá y dispusieron el traslado de D’Amico hacia la Unidad Penitenciaria de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, medida que será concretada a la mayor brevedad posible, según informaron las fuentes judiciales.

El Tribunal ya notificó de tal resolución al Ministerio Fiscal y a la defensa técnica de D’Amico.

Sigue el próximo 4 de octubre

Asimismo, el TOF dispuso que las audiencias del juicio por la Megacausa III continúe el próximo 4 de octubre del corriente año, ocasión en la que se escucharán los testimonios de Margarita Urtubey y Carmen Margarita Morales.

Además, las fuentes revelaron que en dicha audiencia se reproducirán los videos con las declaraciones de Arturo Barbero, Rodolfo Lindow y Ana Teresa Roger.


FUENTE: http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2016/09/28/50007-

DÍA NACIONAL DE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN ARGENTINA


UNA REUNIÓN PARA REAFIRMAR LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD COMO POLÍTICA DE ESTADO

A pedido de los organismos volvió a reunirse después de más de un año la Comisión Interpoderes para analizar la situación de los juicios a represores. Con la presencia de Lorenzetti y Rosatti, junto a legisladores, jueces y miembros del Ejecutivo, se asumió el compromiso de garantizar el avance de esos procesos.


A pedido de los organismos de Derechos Humanos, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, convocó a una reunión de la Comisión Interpoderes, donde jueces, legisladores y funcionarios del Ejecutivo reafirmaron que los juicios de lesa humanidad constituyen una “política de Estado”.

El encuentro había sido solicitado por referentes de los organismos, para expresar sus “preocupaciones ante los principales problemas que afectan el avance de los juicios”. Tras la reunión, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, concluyó: “Hablamos con libertad, fuimos escuchados y la mayoría de los integrantes de la comisión coincidió con nuestro panorama y nuestro requerimiento de acelerar los procesos”.

La Comisión Interpoderes, creada por la Corte Suprema en 2008 con la función de acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad, se había reunido por última vez en agosto de 2015. Hace dos semanas, Lorenzetti recibió a referentes del movimiento de derechos humanos y se comprometió a generar un nuevo encuentro.

Lorenzetti estuvo acompañado por uno de los nuevos ministros de la Corte, Horacio Rosatti, algo que fue bien recibido en los organismos. Además, hubo varios jueces de la Cámara Federal de Casación, encabezados por su presidente, Alejandro Slokar. Estuvo también la Procuradora, Alejandra Gils Carbó; la Defensora General, Stella Maris Martínez, y los referentes de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Jorge Auat y Carolina Varsky. Por el Poder legislativo asistieron la diputada Victoria Donda y el senador Juan Manuel Abal Medina. Y por el Ejecutivo fue el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, junto a miembros de su equipo.

El encuentro fue “muy favorable”, según dijo el abogado querellante Pablo Llonto a Página 12. Por parte de los organismos estuvieron también Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora; Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Carlos Pisoni, de Hijos; José Schullman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Diego Morales, del Cels, Adriana Taboada, de la Comisión de Campo de Mayo, y Carlos López de Belva, director de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados (FACA).

Los referentes de derechos humanos entregaron un petitorio, basado en un informe de la Procuraduría de Lesa Humanidad, en el que se advierte “un colapso en el avance de los procesos en trámite, una disminución significativa de las causas que llegan a la etapa del juicio oral y una importante dilación en la confirmación de sentencias”. Pidieron que se agilice el nombramiento de jueces para conformar tribunales y que tanto en la Corte como en Casación se creen Secretarías para analizar recursos relacionados con esas causas, entre otras cosas. “Lo importante fue que en el núcleo de la discusión todos estuvimos de acuerdo: hay que reforzar estos juicios, acelerarlos y cuidarlos”, concluyó Iud.


martes, 27 de septiembre de 2016

PERSECUCIÓN


Una vez más, en un editorial, La Nación dice aquello a lo que la mayoría de los organismos de información y numerosos periodistas de radio y televisión -por temor al costo- no se atreven. "Lo sucedido lejos está de corresponderse con la noción de que se debe impartir justicia sin rencores y sin preconceptos." "¿Las muestras de parcialidad de los jueces a cargo de la megacausa III parecen tan flagrantes y tan preocupantes en la forma en que, de manera reiterada, les han negado a los imputados sus más elementales derechos humanos?" Dos de los integrantes del Tribunal Oral Federal pertenecieron a la organización terrorista ERP y hasta convivían con los querellantes.


Cayetano Fiorini, segundo jefe del Batallón de Ingenieros, murió en el hospital militar durante el juicio. Tenía 86 años, estaba ciego, le faltaba un riñón y padecía un cáncer terminal y problemas coronarios. El juez Arturo Liendo Roca, de 80 años, en delicado estado de salud, murió viendo las audiencias por teleconferencia. Los hechos son consecuencia de una persecución militante que se intenta disfrazar de justicia.


Alberto Simari



NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

FALLECIÓ OTRO PRESO POLÍTICO


Estimados Amigos:

A través de la Unión de Promociones hemos tomado conocimiento que el lunes 26 de septiembre de 2016 lamentablemente falleció el señor Sargento 1º Oscar Alberto GALARZA (Policía de la Provincia de Chaco), quién se encontraba injustamente detenido como  Preso Político.

Consecuentemente, ya son 379 (trescientos setenta y nueve) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 38 (treinta y ocho) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.

Reiteramos nuestra solicitud a todos los integrantes de las FFAA, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y Fuerzas Penitenciarias, a las distintas ONG e Instituciones, a familiares, amigos y allegados en general, a continuar sumándose en apoyo de todos quienes deben enfrentar esta injusta situación, a fin de afirmar, fortalecer e incrementar el planteo de los justos reclamos por acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, a través del irrestricto respeto por la Constitución Nacional. La continuación de la ardua lucha en su apoyo, por la recuperación plena del estado de derecho y por la reparación del respeto y la credibilidad de las Instituciones de la República, así lo exige.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, allegados, compañeros y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Dadas las avanzadas edades y estados de salud de los Presos Políticos en la Argentina, estas lamentables noticias son cada vez más seguidas. Una vez más levantamos nuestra voz hacia el poder de turno, no pueden continuar con esta matanza selectiva… es su obligación como presidente de todos los argentinos garantizar el debido proceso, la igualdad ante la ley, brindar asistencia sanitaria adecuada y por sobre todo lograr la unión de la sociedad para superar las antinomias que después de 205 años aún nos mantienen divididos. Es hora de sin odios, ni venganzas, es hora de una mirada superadora. ¡BASTA!

Sinceramente,


Pacificación Nacional Definitiva
por una Nueva Década en Paz y para Siempre

lunes, 26 de septiembre de 2016

HABLA ÁLVARO URIBE MIENTRAS LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ESTÁ DE FIESTA

Esto dijo Álvaro Uribe Vélez en Bucaramanga en contra del plebiscito para la paz


LA AUDIENCIA NACIONAL RECHAZA EXTRADITAR A UN EXMILITAR ARGENTINO ACUSADO DE GENOCIDIO

23/09/2016 - EFE, Madrid

La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar al exmilitar argentino Jorge Pedro Rodolfo Wagner, detenido en marzo en Madrid en cumplimiento de una reclamación de su país que pedía su entrega por delitos de genocidio y torturas durante la Dictadura argentina (1976-1983).

EFE

La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar al exmilitar argentino Jorge Pedro Rodolfo Wagner, detenido en marzo en Madrid en cumplimiento de una reclamación de su país que pedía su entrega por delitos de genocidio y torturas durante la Dictadura argentina (1976-1983).

La sección tercera de lo Penal ha considerado que los hechos que se le imputan habrían prescrito y tampoco serían constitutivos de un delito de genocidio (que nunca prescribe) porque ello exige la destrucción de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, requisito que no se aprecia en "la identificación de las personas afectadas".


La Sala tampoco ve viable acusarle por un delito de lesa humanidad -referido al ataque sistemático contra la población civil-, porque esa figura delictiva fue introducida en España en 2003, una fecha "muy posterior" a los hechos que se le imputan, y no puede aplicarse de forma retroactiva.

El exmilitar argentino fue detenido en cumplimiento de una orden internacional del Juzgado Federal número 1 de la provincia de Mendoza por delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos.

La justicia argentina le acusa de haber supuestamente intervenido en calidad de miembro del Destacamento de Inteligencia número 44 de Mendoza en el cumplimiento de las órdenes para la lucha contra la subversión impartidas por la Comandancia del Ejército Argentino.

Esas órdenes, relata la petición de extradición, consistían en "capturar a los sospechosos de tener vínculos con la subversión, interrogarlos bajo tormentos para obtener información y dar amplia libertad a los inferiores para determinar la suerte del aprehendido".

En concreto, las autoridades argentinas le consideran partícipe en 26 detenciones ilegales, 18 homicidios, y en torturas sufridas por otras 12 personas.

En la vista de extradición, celebrada el pasado 15 de septiembre, Wagner se negó a ser entregado alegando falta de concreción de los delitos y que los hechos están prescritos.

Según su abogado, el exmilitar solo estuvo destinado en el destacamento 144 de Mendoza, entre el 1 de enero de 1976 y el 5 de enero de 1977, cuando la solicitud de Argentina se refiere a todo el período de la dictadura (entre 1976 y 1983).

Negó además que se tratara de un prófugo de la justicia de su país explicando que se mudó a España cuando se retiró del Ejército porque su mujer es española.

Wagner fue detenido en Madrid el pasado marzo y, tras su arresto, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le dejó en libertad provisional con la obligación de comparecer diariamente en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

Entre las razones que motivaron la puesta en libertad de Rodolfo Wagner está su avanzada edad y su estado de salud.


PRESTIGIO Y SEGURIDAD JURÍDICA

25 septiembre de 2016

El 12 de Septiembre de 1976 efectivos de la policía rosarina acompañados de otros civiles, venían de cubrir seguridad en la cancha de Rosario Central, cuando sufrieron los efectos de la explosión de una bomba atribuida al Ejército Montonero.

Colectivo policial atacado. En el Fiat 1100 viajaba un matrimonio
también asesinado por los "jóvenes idealistas"

Han pasado 30 años de este crimen que demuestra una vez más el objetivo de los ejércitos irregulares del ERP y de MONTONEROS de proceder a la ELIMINACIÓN SISTEMÁTICA de todos los argentinos que fuesen obstáculo para instaurar la dictadura marxista.

Lo que quedó del coche bomba

No nos enteramos hasta el presente de que el estado  haya indemnizado a los 9 policías y otros 2 civiles asesinados, ni a sus familias, ni a los heridos, ni que se haya juzgado la causa como delito de lesa humanidad.

Aparentemente para la justicia Argentina estos muertos continúan siendo los "muertos malos", y sus ejecutores los "asesinos buenos".

Mal pronóstico para la recuperación del prestigio perdido y de la seguridad jurídica.

Santiago Floresa
Juncal al 1800

Capital Federal

TIEMPOS ESQUIZOFRÉNICOS


"El momento más peligroso
llega con la victoria".
Napoleón Bonaparte

El Gobierno no puede quejarse. Los nueve meses transcurridos desde que llegó al poder fueron, en general, exitosos: salió del default y del cepo, devaluó prudentemente, controló la inflación, hizo un giro copernicano en materia de política exterior y en el alineamiento geopolítico, renegoció satisfactoriamente los contratos con China, normalizó la relación con el FMI, redujo el costo del endeudamiento externo, recuperó la credibilidad y modificó la visión del país ante los inversores internacionales, la economía y el empleo han comenzado a recuperarse, etc. Todo ello, a pesar de la adopción de medidas dolorosas pero imprescindibles, hace que la opinión pública lo siga estimando, aunque la CGT, para no quedar fuera de la pelea por la conducción del peronismo, anunciara ayer la realización de un paro general.

Claro que todas esas buenas noticias fueron acompañadas de algunas bastante malas, todas ellas incrementadas por la falta de sinceramiento de la crisis que heredó de los Kirchner: la dramática falta de energía, los impagables subsidios, el desesperante déficit público, la verdadera magnitud de la pobreza y de la indigencia, la informalidad laboral, la situación educativa y sanitaria, la alucinante corrupción, la recesión, la caída en el poder adquisitivo del salario, y tantas otras situaciones apocalípticas. 


Los éxitos se reflejaron en la reunión de la "mini-Davos", que mostró cuánto ha cambiado la percepción internacional sobre nuestro país, y en la promesa de concretas inversiones privadas, confirmada por el incremento en las cotizaciones de los bonos y de las acciones argentinas. Por lo demás, el Gobierno está acelerando su programa de infraestructura, que augura un crecimiento del empleo en un área tan definitoria y multiplicadora como la construcción; seguramente, y como efecto colateral, también traerá aparejada una sensible disminución en la cantidad de empleados públicos, con su natural incidencia positiva en el gasto del Estado.

El Presidente, inexplicablemente, metió la pata en uno de los asuntos más irritantes para la piel nacional: me refiero a Malvinas. No entiendo por qué cometió la torpeza de decir que el tema de la soberanía había sido abordado en su breve conversación con Theresa May, algo que fue desmentido rápidamente tanto por los británicos cuanto por los mismos funcionarios locales.


A todos nos duelen los muertos, los mutilados y los suicidas de la guerra, pero eso no cambia la realidad: la perdimos. La limitada longitud de esta nota no me permite una amplia reflexión sobre las motivaciones que llevaron a los jefes militares de entonces a retomar las islas, pero de algo estoy seguro: con las acciones bélicas se retrocedió enormemente en el prolongado proceso de recuperación legal del territorio colonizado. No basta con decir que ese camino no había producido avances significativos, porque también es cierto que, una vez ocupado pacíficamente Puerto Argentino, aparecieron distintas soluciones diplomáticas -dos o tres banderas, etc.- que fueron desechadas por los integrantes de la Junta, que prefirieron priorizar la temporaria ventaja que significó el enorme apoyo popular para un régimen ya agónico.

Gran Bretaña, acosada por sus problemas internos -y el Brexit no es un tema menor- está harta de soportar el peso presupuestario que significa mantener la defensa militar de un enclave tan lejano. Pero no le es desdeñable la privilegiada situación que le otorga la ilegal posesión de nuestras islas ante la inminente renegociación del tratado internacional de la Antártida y, también, frente a todo el escenario geopolítico del Atlántico Sur.

Argentina sólo recuperará la soberanía en Malvinas cuando el mundo se convenza que somos un país serio y respetable, y en ese camino estamos desde diciembre del año pasado. Porque, aunque no corresponda preguntar a los kelpers cuál es su decisión al respecto, tampoco se puede desconocer su existencia o, simplemente, expulsarlos; entonces, donde debemos trabajar, y muy intensamente, es en recuperar la confiabilidad, ya que la cercanía determinará una natural integración de la actual población británica, en materia de educación, de salud, de relaciones sociales, de seguridad jurídica, de comercio, de industria, de recursos naturales, etc.


Mauricio Macri, en su esfuerzo por reinsertarnos en el mundo, avanzó demasiado rápido en la normalización de todas las relaciones con Londres, sobre todo porque se encuentra vigente una ley que sanciona a las empresas que realicen actividades comerciales con compañías que trabajen en las islas. Pero huir hacia adelante, inventando la mención de algo tan significativo como la soberanía en su ligera conversación diplomática, se convirtió en un error mayúsculo y el Presidente debería hacerse asesorar mejor.

Cambiando absolutamente de tema, quiero dejar constancia de mi preocupación por el fusilamiento del oficial retirado de la Policía Federal Héctor Gonçalves Pereyra en ocasión de un presunto robo a un camión que transportaba ropa. Me sorprendieron varios aspectos del confuso episodio, que tanto me recordó la muerte de Pedro Tomás Viale, el agente de la SIDE apodado "el Lauchón", cuando el grupo Halcón, de la Policía bonaerense, ingresó a su casa a los tiros. Me pregunté si los emparentaba haber sabido demasiado.


Al camión que custodiaba Gonçalves lo emboscaron nada menos que cuatro automóviles y nada fue robado; demasiada logística para un botín tan magro que, además, fue "olvidado". Y se trataba de un testigo clave en el asesinato de Alberto Nisman, cuyo teléfono sorpresivamente se comunicó con algunos espías y funcionarios antes de que se conociera el fallecimiento del Fiscal que acusaba a Cristina Kirchner y a varios otros integrantes de la banda.

Me parece llamativo, en especial en un país como el nuestro, que tantas muertes sospechosas colecciona; todos recordamos, entre muchos otros, a Héctor Echegoyen, el Administrador de Aduanas "suicidado" con la mano equivocada; a Lourdes de Natale, la secretaria de Emir Yoma, cuñado de Carlos Menem, que se "tiró" por la ventana; a Juan Castro, un periodista que investigaba a la ex Presidente; etc. Tal como dijo Carlos Manfroni, "el desprecio absoluto por el papel de las conspiraciones en la historia es tan irreal como la convicción de que todo procede de una conspiración".


Es muy factible, diría que hasta harto probable, que nos encontremos frente a un entramado mafioso -¡uno más!- dispuesto a cualquier cosa con tal de no arriesgar posiciones logradas; y el narcotráfico ha conseguido, en la pasada década y obviamente asociado a los Kirchner, una penetración enorme. En esta materia el Gobierno debiera prepararse mucho mejor para pelear en una guerra que, mundialmente, se ha transformado en la más grave y peligrosa.

Bs.As., 24 Sep 16

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

COMUNICADO IMPORTANTE



Nuestra Asociación ha presentado una denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos, fundada en la flagrante violación de los derechos más esenciales que por largos años vienen sufriendo más de 2.000 ciudadanos argentinos, involucrados en las causas instruidas por los hechos ocurridos en los años ’70 del siglo pasado, ilegalmente calificados como ‘delitos de lesa humanidad’.

En ese marco han solicitado a dicha Secretaría que se entregue a la Asociación o haga pública la siguiente información:

  1. Cantidad de detenidos en cárceles por delitos de lesa humanidad y, entre ellos, quiénes son los que tienen más de 70 u 80 años y el tribunal o tribunales bajo los que se encuentran a disposición. 
  2. Nómina de los Tribunales que han enviado a las cárceles de la Nación a personas con 80 o 90 años o con problemas graves de salud.
  3. Identificación de los detenidos por delitos de lesa humanidad que hayan cumplido más de 3 años de prisión preventiva sin condena y el tribunal o tribunales a cuya disposición se encuentren.
  4. Si a estos detenidos, para el cómputo del tiempo de detención, se les ha aplicado el régimen del ‘dos por uno’ vigente en el tiempo intermedio (ley 24.390)
  5. Si a esos detenidos se les permite estudiar y acceder a cursos que disminuyan sus penas.
  6. Edad de los detenidos por delitos de lesa humanidad y las penas a las que han sido condenados a efectos de merituar si es posible una reinserción social de los mismos de acuerdo a lo establecido por el art. 5.6 de la Convención Americana de DDHH.
  7. Si a los expedientes judiciales en los cuales se investigan delitos de lesa humanidad se los identifica con un sello distintivo en su carátula.
  8. Si la Secretaría de Derechos Humanos o el Ministerio de Justicia tienen efectivamente detectadas diferencias de trato legal entre los presos acusados o condenados por delitos de lesa humanidad y el resto de los detenidos por delitos comunes y cuáles serían esas diferencias.
  9. Si los Tribunales Federales han exigido otros requisitos además del cumplimiento de la condición etaria para otorgar la detención domiciliaria de los mayores de 70 años, alterando lo dispuesto por el art. 32 de la ley 24.660; en caso afirmativo, quiénes han sido o son esos Tribunales, y si existe similar criterio jurisprudencial en la justicia ordinaria para los presos acusados de delitos comunes.
  10. Si la Secretaría continúa financiando querellas en las causas que se siguen por delitos de lesa humanidad; en caso afirmativo, en qué procesos se mantienen esas querellas, qué cantidad de abogados participan y cuál es el costo que le significa y ha significado al erario público el sostenimiento de las mismas.
  11. Si la Secretaría es querellante en el proceso que se lleva a cabo por delitos de lesa humanidad por ante el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, integrado por dos jueces conocidos como ex miembros de la organización terrorista Ejército Revolucionario del Pueblo y otro militante y ex querellante en delitos de lesa humanidad. Caso afirmativo, nos haga saber si dicha querella y/o la Secretaría de Derechos Humanos tomó conocimiento de denuncias por la violación a los derechos humanos de los procesados, en especial aquellos que eran juzgados con incapacidades y peligro para su salud y su vida, brindando toda la información referente a la actuación e informes de dicha querella y de esa Secretaría previos y posteriores al fallecimiento/homicidio de los querellados Arturo Liendo Roca y  Cayetano José Fiorini, así como los resultados de los estudios médicos actualizados a los que debieron haber sido sometidos conforme las disposiciones procesales y constitucionales vigentes.

La Asociación ha solicitado a la Secretaría que, en caso de corroborarse los datos señalados, proceda a elevar con urgencia un informe dando cuenta de estas aberraciones y discriminaciones legales y humanas a la Comisión Interamericana de DDHH, al Consejo de la Magistratura de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Cámara Nacional de Casación Penal, a  las Cámaras Federales con competencia penal en todo el país y a la Procuración General de la Nación, a efectos de que, en cumplimiento de las normas constitucionales y legales citadas en la denuncia -en especial la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores- procedan de inmediato a enviar a detención domiciliaria a los mayores de 70 años, liberen a aquellos que han cumplido más de 3 años de prisión preventiva sin condena, eliminen las diferencias de trato legal con el resto de los presos del país, apliquen los beneficios de las leyes intermedias, prohíban identificaciones  discriminatorias en los expedientes y procedan a revisar todas las penas aplicadas a la luz de las disposiciones de la Convención Americana de DDHH (art. 5.6).

Además se ha solicitado que se haga saber a los órganos mencionados la violación de los derechos humanos y discriminación de un grupo vulnerable de personas que se viene produciendo en la República, por la acción o inacción, según el caso, de integrantes del fuero federal penal de la Nación.

Buenos Aires, Septiembre 23 de 2016.


Carlos Bosch          Alberto Solanet
Secretario               Presidente

ACTIVIDADES DEL FORO DE GENERALES RETIRADOS EN LA PROVINCIA DE SALTA

Entre los días 12 y 15 de septiembre, el Foro de Generales Retirados, se hizo presente en la Provincia de Salta para realizar actividades relacionadas con la situación de los imputados, procesados, condenados y encarcelados por los denominados Delitos de “Lesa Humanidad”.


A tal fin, los Generales (R) Juan Miguel Giuliano, Presidente del Foro y Jorge Olivera, Secretario, concurrieron al Penal Federal de la Localidad de Güemes, para expresar su solidaridad , afecto y apoyo a los encarcelados por tales supuestos Delitos, en particular al Coronel (R) Juan Carlos Jones Tamayo y al Teniente Coronel (R) Martín Rodríguez, quienes sobrellevan injusta prisión con estoicismo y abnegación ejemplares, esperando que se haga pronta Justicia con la definitiva libertad de Todos. Para ello invocan a Dios y a la Virgen María para que les proporcionen “FE y ESPERANZA para poder seguir llevando la cruz de Prisionero de Guerra y Preso Político, con fortaleza, templanza, serenidad, paciencia, salud y alegría”.


El Foro denunció además a través de los Medios de comunicación de Salta, la INCONSTITUCIONALIDAD, ILEGALIDAD Y NULIDAD de los Juicios, fundamentando jurídicamente tal aseveración, y reclamando a los tres Poderes del Estado el inmediato cese de tan injusta situación que afecta a los Derechos Humanos de argentinos perseguidos política y jurídicamente. Los Medios de comunicación que accedieron de manera inédita en el país a hacerse eco de los reclamos fueron : Radio FM 89.9, Programa de Martin Grande, Diario El Tribuno el más importante de Salta, y los Canales de TV Cable Visión y Canal 10.Destacando además la valiosa colaboración del Centro de Estudios Históricos de Salta, presidido por el Capitán (R) Alejo Caro Figueroa y del Centro de Oficiales Retirados presidido por el Coronel (R) Carlos Anun.


La estadía coincidió con las festividades del Señor y la Virgen del Milagro, tradición que se remonta al año 1692, desde entonces, anualmente se repite en una multitudinaria adhesión de miles y miles de peregrinos que a pie y a caballo confluyen hacia Salta desde los más lejanos confines de la Provincia. También se pudo comprobar que Salta es custodia de las más nobles tradiciones de la Patria, el culto a sus Próceres en particular el General Güemes, y en donde el Ejército Argentino es respetado como Institución fundacional de la Patria y que diera al mando del General Belgrano la victoriosa Batalla de Salta.

Firman : Generales Retirados : Juan Miguel Giuliano. David Comini, Luis Cloux y Jorge Olivera

OTRO FALLO CON APRECIACIONES EJEMPLARES

La Sala III de la Cámara de Casación Penal sostuvo que los delitos deben probarse sin caer en arbitrariedades a la hora de describir el contexto histórico


Desde hace tiempo hemos advertido que en las causas relacionadas con los derechos humanos, como en todas las que involucran la libertad, el buen nombre y honor y el patrimonio de las personas, la Justicia ha de respetar siempre el principio de que las acusaciones penales que se formulan deben comprobarse "más allá de toda duda razonable".

Una reciente sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal acaba de consagrar una vez más este importante principio en la causa "Carrizo Salvadores". Las actuaciones fueron consecuencia de los enfrentamientos producidos el 11 y 12 de agosto de 1974 en las afueras de la capital de Catamarca. Es decir, nos referimos a hechos ocurridos hace más de 40 años.

El enfrentamiento se dio entre un grupo armado conformado por 44 extremistas, procedente de Tucumán, y personal policial provincial federal, y una compañía del Ejército circunstancialmente al mando de tres jóvenes oficiales que intentaron detenerlos. Resultaron muertos 17 extremistas. Los oficiales militares actuantes fueron acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad.

Los votos de dos de los camaristas que revocaron una sentencia condenatoria contienen algunas tan valiosas como valientes afirmaciones que, por su entidad, vale la pena reseñar, como cuando sostienen que el tribunal oral federal actuante en la instancia previa realizó "una interpretación no sólo errónea, sino antojadiza y subjetiva del marco histórico-político de la época", que no se acreditó o que no existía. Y que, en su particular interpretación, el tribunal que dictó la sentencia apelada, en su "exclusiva subjetividad", en realidad "tergiversó" los acontecimientos, contextualizándolos dentro de un supuesto inexistente. Con mucha razón agregaron que "una sentencia de condena no puede fundarse en la sola subjetividad de los jueces", sino que ella debe "apoyarse en elementos de convicción que permitan reconstruir los elementos de la imputación con certeza". Esto es, que el delito debe probarse, como venimos sosteniendo, "más allá de toda duda razonable", sin caer en análisis "antojadizos y arbitrarios a la hora de describir el contexto histórico".

Por lo demás, en su decisión, el tribunal de alzada rechazó los testimonios de aquellos testigos que eran "parte interesada" en el juicio y los de aquellos que, desaprensivamente, actuaron "de oídas". Señaló que algunas de las pruebas diligenciadas en la causa fueron "parcializadas o bien olímpicamente omitidas", lo que con toda razón y justicia entendió que constituye arbitrariedad en la valoración de las pruebas.

A la manera de grave advertencia, el referido tribunal sostuvo que la instancia judicial previa "no sólo parcializó la prueba testimonial", sino que "descontextualizó los hechos, pretendiendo fundar una versión de los acontecimientos absolutamente antojadiza y subjetiva, que no se corresponde con la realidad", una conducta a todas luces inaceptable.

La alzada no sólo señala detalladamente las múltiples contradicciones que contiene la sentencia apelada agregando, sugestivamente, que "no las alcanza a comprender"-, sino que también destaca, duramente, el "déficit de fundamentación" que caracteriza el fallo recurrido. Todo lo que, sostuvo, "impide arribar a la certeza necesaria para sostener una condena penal". Y permite afirmar, en cambio, que en rigor se juzgó "bajo una óptica" que "tiñe de tal parcialidad" los dichos de los condenados en primera instancia, que los dejó sin valor como piezas de ponderación.

Por todas las razones apuntadas, la cámara actuante concluye que la sentencia que el fallo revoca se basó en "una visión caprichosa y sesgada de los hechos, alejada de un análisis lógico y razonado plasmado en errores de juicio que arrojaron una conclusión contraria a la debida valoración probatoria".

Cuando lo que está en juego es nada menos que la libertad y el honor de las personas, en relación con una causa penal que adquirió gran publicidad, las acertadas reflexiones que recoge la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal a las que nos hemos referido no pueden caer en saco roto y debieran ser tenidas muy en cuenta. Como es de público conocimiento, no se trata de una causa aislada, cuya sentencia aquí comentamos. Son lamentablemente muchas las causas penales en las que las similitudes son harto evidentes, donde la ideología, el revanchismo y la venganza han estado y están por encima de la verdad de los hechos realmente ocurridos. Por ello, el valor ejemplar de consagrar, una vez más, un principio que no debe volver a pisotearse.



NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

VENGANZA

Domingo 25 de septiembre de 2016

Coronel Cayetano Fiorini, ciego, es asistido para poder caminar durante las audiencias

Cayetano Fiorini, con sus 86 años a cuestas, ciego, sin un riñón, aquejado por un cáncer terminal y con plan quirúrgico coronario, murió el lunes último, luego de cuatro años de prisión preventiva avalada por tres jueces recusados por falta de imparcialidad. Su abogado solicitó que se llevara a cabo una junta médica antes del inicio del juicio denominado Megacausa III, que comenzó el 22 de agosto pasado en Santiago del Estero contra 12 ex militares y policías y dos ex jueces acusados por presuntos delitos de lesa humanidad. Denunció que su defendido no podía afrontar las tensiones derivadas del proceso al que estaba sometido. La junta médica nunca se realizó y Fiorini, en el posoperatorio de una extracción de riñón y con una operación de corazón pendiente, murió en el Hospital Militar.


El ensañamiento con quien fue segundo jefe del Batallón de Ingenieros de Combate en Santiago del Estero venía de antes. Dos de los integrantes del Tribunal Oral Federal, María Alicia Noli y José María Pérez Villalobo, diez días antes del inicio del juicio, y aun existiendo un fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal que, en mayo pasado, había dictaminado lo contrario, intentaron que Cayetano Fiorini fuera a una cárcel común.

 
juez Arturo Liendo Roca, foto de archivo

También falleció, a los ochenta años, el mismo 19 del actual, el ex juez Arturo Liendo Roca, que llegó a juicio nada menos que con tres sobreseimientos en su haber. Tanto los peritos de parte como los oficiales reconocieron su delicado estado de salud. Sin embargo, el informe médico forense se perdió, llamativamente, en el Tribunal Oral y su abogado sólo logró que presenciara las audiencias desde su casa, por teleconferencia.

Las dos muertes aludidas quizás hubiesen podido evitarse si los jueces actuantes no hubieran puesto en evidencia tamaña falta de respeto por la dignidad humana, que se inscribe en un contexto de persecución militante que se intenta disfrazar de justicia.

El 8 de septiembre, la Cámara de Casación aceptó abrir la primera instancia de queja por un conjunto de recusaciones al tribunal, y suspendió el juicio. No obstante, los jueces le prestaron poca atención a la medida y las audiencias siguieron su curso. Una semana más tarde, la Sala IV de la citada cámara anunció que aceptaba una nueva serie de recusaciones y dejó en claro, por escrito, para que nadie adujera ignorancia o desconocimiento, el "efecto suspensivo" que implicaba su decisión.


Los planteos esgrimidos por los defensores de los procesados son graves y de la más variada índole. Van desde la participación de dos integrantes del Tribunal Oral Federal en la organización terrorista ERP hasta la connivencia de los magistrados con las partes querellantes.

Las muestras de parcialidad de los jueces a cargo de la Megacausa III parecen tan flagrantes y tan preocupantes en la forma en que, de manera reiterada, les han negado a los imputados sus más elementales derechos humanos, que no sorprende la ejemplar decisión de la Sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani.

Lo sucedido lejos está de corresponderse con la noción de que se debe impartir justicia sin rencores y sin preconceptos.



NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

viernes, 23 de septiembre de 2016

MUERTOS SIN JUSTICIA


Días después de conmemorar el 15° aniversario del ataque al Pentágono y a las Torres Gemelas, varias explosiones en los Estados Unidos fueron objeto de la atención por parte de la prensa internacional, cuando todavía retumban en el mundo los atentados de Francia, Bélgica, Turquía, Tailandia y Alemania. Cada bomba significa conmoción, pero no memoria en el caso del ciudadano argentino. El argentino no recuerda cuando los estruendos se daban en Salta, Córdoba, Buenos Aires o Tucumán, y las víctimas eran la sociedad civil y distintas instituciones de la Nación. El blanco de esos ataques fueron las fuerzas policiales, armadas y de seguridad, el juez Quiroga -que debía juzgar a terroristas que operaban en el territorio argentino- y miles de argentinos, cuyas vidas fueron truncadas.


Quienes derrotaron al terrorismo local son pagados con la muerte. Las leyes, los derechos humanos, la avanzada edad, los certificados médicos, no existen para la justicia argentina. El coronel (R) Fiorini y el juez Roca fueron los presos políticos número 376 y 377 muertos sin justicia. Quienes integraban el Tribunal Oral Federal en la megacausa III que los juzgaba fueron miembros de la agrupación terrorista Ejército Revolucionario del Pueblo.

Coronel Cayetano Fiorini, asistido para poder caminar sin ver 

David San Román
DNI 36.346.156


NOTA: Las imágenes no corresponden a la nota original.

jueves, 22 de septiembre de 2016

ALGUIEN DEBÍA PAGAR

Si fuera profesor en la Facultad de Derecho les preguntaría a mis alumnos: qué pasa si un joven uniformado es enviado a un control vehicular y durante el mismo recibe dos disparos desde una motocicleta que lo dejan al borde de la muerte. Qué pasa si los médicos del hospital donde ingresa testifican que lo hace vestido de uniforme y gravemente herido. Qué pasa si a quince cuadras de ahí, ese mismo día, se produce un enfrentamiento entre dos grupos armados, ambos vestidos de civil según testigos de la época. Qué pasa si al día siguiente, un comunicado de la institución a la que pertenece el joven uniformado lo condecora por haber sido herido en el cumplimiento de su deber, sin agregar nada más. Qué pasa si 40 años más tarde, los familiares de las víctimas de uno de los grupos enfrentados aquel día, al no hallar otros responsables con vida, acusan al joven del asesinato de uno de ellos, y del secuestro seguido de muerte del otro. Qué pasa si sólo presentan como prueba la condecoración que coincide en fecha y localidad. ¿Y si les dijera que ese joven uniformado era militar, y aquella la década del 70? Entonces un alumno respondió: si quienes buscan justicia la encuentran en un inocente, no sólo nunca la tendrán sino que nunca estarán en paz. Me dio esperanzas... sobre todo porque no soy profesor en la Facultad de Derecho, y nunca conocí a ese alumno. Sólo soy el hijo de aquel joven uniformado, en busca de justicia desde hace ocho años.


Eduardo Alfonso (h.)



NOTA: La imagen no corresponde a la nota original.

REMOCIÓN JUEZ RAFECAS



martes, 20 de septiembre de 2016

ES MOMENTO DE UNA FUERTE AUTOCRÍTICA

16 de Septiembre 2011

Por Mauricio Ortin, profesor de Filosofía (UNSa)

La Argentina no tiene política de seguridad. Pero no es que no la tiene porque el Gobierno no quiera tenerla. No la tiene porque Gobierno y oposición están presos de la incoherencia de pensar como “progres” y actuar como capitalistas. El marxismo militante, antes de la implosión y derrumbe del mundo socialista, todavía creía que la revolución era posible. Pero cayó el velo y la realidad ya no pudo ocultarse.


En la URSS, China, Corea, Camboya, Alemania del Este, Polonia y demás países-prisiones comunistas, dictaduras feroces y genocidas, redujeron a las personas a la condición de esclavos. El terror estatal fue eficiente y la única política de seguridad. En nombre del pueblo y la clase proletaria, el comunismo asesinó a cien millones de personas y condenó a una vida miserable a generaciones enteras.

En América Latina, también el comunismo hizo su ensayo de tomar el poder (Fidel Castro, públicamente, afirmó que, salvo en México, lo intentaron en todos los países). En el nuestro, en particular, ello tuvo lugar en la década del 60 y, principalmente, en la del 70, cuando las organizaciones armadas marxistas declararon e hicieron la guerra al Estado nacional (conducido, por entonces, por el Partido Justicialista y sus aliados).



Son de Juan Domingo Perón las escalofriantes palabras que siguen: “(...) el repudio unánime de la ciudadanía hará que el reducido número de psicópatas que van quedando sea exterminado uno a uno para bien de la República” (en una carta dirigida a los oficiales, suboficiales y soldados de la Guarnición Azul que habían sido atacados por el ERP).

También, por cadena nacional (20/1/74) y vestido con su uniforme de general, manifestó: “Ya no se trata de contiendas políticas parciales, sino de poner coto a la acción criminal que atenta contra la existencia misma de la patria y sus instituciones, y que es preciso destruir antes de que nuestra debilidad produzca males que puedan llegar a ser irreparables en el futuro”.

Pero si alguna duda quedaba, Perón se encargó de disiparla designando jefe de la Policía Federal al comisario Alberto Villar (jefe de la Federal, durante el gobierno de facto de Lanusse). Los trascendidos periodísticos cuentan que Villar no aceptó en la primera instancia. “No soy peronista”, se justificó ante el presidente. A lo que Perón, hábilmente, respondió que lo convocaba no por peronista, sino porque “la Patria lo necesita”. (El comisario Alberto Villar y su señora, meses después, fueron asesinados cuando Montoneros hizo volar la lancha en la que se desplazaban).

El Congreso Nacional no quiso ser menos. Los mismos legisladores que meses atrás habían derogado las leyes del gobierno militar contra los actos subversivos se disponían a aprobar otras mucho más duras. Mas, estas, según parece, no bastaron; porque el gobierno justicialista dio la orden y “carta blanca” a las Fuerzas Armadas para que se hicieran cargo de aniquilar a la subversión[1].


Esto es, técnicamente, sin dar cuenta a los jueces jurisdiccionales y/o a los legisladores nacionales, de las acciones de combate, toma de prisioneros, muertos, interrogatorios, etc., que surgían del estricto acatamiento de lo ordenado en cuestión. Ninguna autoridad pública, magistrado, ministro o parlamentario se opuso a la voluntad del gobierno peronista. Ni Eugenio Raúl Zaffaroni[2], quien por ese entonces ya era juez y siguió siéndolo durante el gobierno militar.

Hoy, “otros gallos cantan”. El Gobierno nacional peronista honra y enaltece a los que Perón llamaba “psicópatas que hay que exterminar”, y condena, juzga y persigue a los militares y policías a los que Perón, Isabel, Luder, Videla, Viola, Galtieri y Bignone habían utilizado como exterminadores. El peronismo debiera hacer una autocrítica severa sobre la responsabilidad que le cabe en la represión terrorista y contraterrorista de los últimos cuarenta años. Porque, señores peronistas, ustedes son cualquier cosa, menos víctimas.


NOTA: La presente nota fue escrita en 2011, sin embargo mantiene una vigencia aterradora. No aprendemos de nuestros errores, persistimos en ellos.

Las imágenes, destacados y referencias no corresponden a la nota original.



[1] Todas las declaraciones altisonantes de los representantes del pueblo de esa época se encuentran transcriptas en el libro de sesiones de la Cámara de Diputados.
[2] Siendo juez del Proceso de Reorganización Nacional jamás cursó un habeas corpus. En 1976 Zaffaroni juró fidelidad a los objetivos básicos y al estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. En su libro Derecho Penal Militar,  publicado en 1980, justificaba la represión e inclusive “la muerte del delincuente”.