Incautó legajos de guerrilleros fusilados por Montoneros o muertos en ataques a cuarteles. La denuncia penal contra Fresneda.
El allanamiento fue originado por una denuncia contra el titular de Derechos Humanos,Martín Fresneda. | Foto: Cedoc
Una pelea entre
cordobeses puede acabar con uno de los secretos mejor guardados del
kirchnerismo: por qué el Estado pagó cuantiosas indemnizaciones a familiares de
guerrilleros como si hubieran sido víctimas de la dictadura o de un grupo
paraestatal cuando, en realidad, murieron atacando cuarteles, fusilados por
Montoneros o fuera del país, sin relación con la última dictadura.
Hasta ahora se
pensaba que una investigación así, que afecta la política de derechos humanos
del oficialismo, debía esperar, en el mejor de los casos, al cambio de
gobierno, en 2015, pero el viernes pasado el juez federal Claudio Bonadío
concretó un allanamiento a la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, en el microcentro porteño, para incautar una treintena de legajos.
Voceros de la
Secretaría indicaron que Bonadío pudo llevarse parte del material que buscaba y
que ellos le enviarían el resto de la información en los días sucesivos.
El allanamiento fue
originado por una denuncia penal presentada por Julio César Aráoz, exsecretario
de Energía y exministro de Desarrollo Social, entre otros cargos, contra el
secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, también cordobés, por los
presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de
funcionario público y administración fraudulenta.
Durante más de dos
años, Aráoz reclamó el pago de la indemnización prevista para los ex “presos
políticos” ya que entre 1970 y 1973 estuvo detenido por su militancia en la
Juventud Peronista.
Aráoz sostiene que no
le pagan porque es “discriminado, junto a numerosos presos políticos, al no ser
adherente al actual gobierno y especialmente al grupo denominado La Cámpora,
que maneja dicha secretaría”.
Al principio, esta
reparación económica beneficiaba solo a los presos durante la última dictadura,
pero luego leyes sucesivas, apoyadas por la oposición, fueron ampliando la
indemnización hasta alcanzar ahora a todos los detenidos por razones políticas,
gremiales o estudiantiles desde el 16 de junio de 1955.
La investigación de
Bonadío también apunta a definir la cantidad de dinero pagada por el Estado
para indemnizar no solo a los “presos políticos” sino también a los familiares
de víctimas del terrorismo de Estado.
La única cifra
oficial que se conoce indica que hasta 2007 esos pagos alcanzaban,
aproximadamente, al equivalente de 1.700 millones de dólares.
Además, en forma
indirecta permitirá conocer el número de desaparecidos y muertos durante la
dictadura ya que Bonadío solicitó el listado de personas contempladas en las
indemnizaciones. El Gobierno continúa sosteniendo que fueron 30 mil personas,
pero el último documento oficial que se conoce, de 2006, indica que fueron
7.158, según revelé en mi libro ¡Viva la sangre!
Entre los legajos
solicitados por el juez se encuentra el de Fernando Haymal, un cordobés de 26
años que, como expliqué en ¡Viva la sangre!, fue fusilado por Montoneros el
martes 2 de septiembre de 1975, acusado de traición y delación según el
comunicado publicado en Evita Montonera, la revista oficial de esa organización
político militar peronista.
Sin embargo, los
parientes de Haymal fueron indemnizados como si hubiera sido una víctima del
Terrorismo del Estado, de acuerdo a una ley sancionada en los noventa, durante
el menemismo.
Durante la
investigación para mi libro ¡Viva la sangre!, intenté consultar ese legajo
incluso apelando a las normas que garantizan el derecho al libre acceso a la
información pública, pero en todos los casos me encontré con la negativa de las
autoridades, que argumentaron la necesidad de preservar los datos de los
beneficiados.
Uno de los
interrogantes que me interesaba responder era el nombre del o de los abogados
que habían logrado ese pago.
(*) Editor ejecutivo
de la revista Fortuna. Especial para Perfil.com.
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