por Mauricio Ortín
Oriana Falacci decía
que hay dos tipos de fascistas: los fascistas y los antifascistas. Es en este
último género en el que se debe incluir a Nicolás Maduro y a todos los que
apoyan al fascismo venezolano justificándose con el embuste de que es una
democracia. Maduro, como antes Hugo Chávez, es lo que se podría señalar como un
fascista clásico si no fuera por la singularidad con que reniega a su propia
identidad política (Mussolini estaría orgulloso de semejantes discípulos). Lo
cierto es que, por ignorancia o malicia, el Gobierno bolivariano
chavista-madurista se proclama antifascista y, en cumplimiento de la palabra,
persigue, expropia, encarcela y, como se ha visto, asesina a aquellos a los que
les cuelga el “sambenito” de fascista. Así, por ejemplo, Génesis Carmona, la
joven de veintidós años asesinada en la marcha de protesta (según ella misma,
“una apasionada de la vida”) es una “fascista”. “Fascista” es también Leopoldo
López, el joven político opositor encarcelado por Maduro por desaprobar el
autoritarismo y para quien el “demócrata” Luis D'Elía pidió fusilamiento.
“Fascista” es la diputada opositora María Corina Machado; quien en medio de una
sesión legislativa y en presencia de Diosdado Cabello, el presidente del Parlamento
venezolano, recibió una paliza que la envió al hospital.
Medidas económicas de
corte fascista en la gestión “antifascista” de Chávez-Maduro hay para hacer
dulce; mas, tres de ellas se destacan por representarlo acabadamente. Una es la
devaluación de la moneda y, unida a esta, la segunda, el control de precios.
Ambas, “justificadas” con la mentira oficial de que los empresarios son los
culpables de la inflación. La tercera y más grave, ya que comporta el decurso
hacia una etapa fascista o socialista, superior, es la apropiación lisa y llana
de la propiedad privada de los particulares en nombre de la “razón de Estado”.
Generalmente y, en el caso venezolano así sucede, el robo a los particulares se
lleva a cabo “democráticamente” mediante una ley inconstitucional (fascista)
desde donde se la mire. Se trata de la ley orgánica de precios justos,
publicada en el Boletín Oficial del 23 de enero de 2014, la cual dice: “Se
declaran y por lo tanto son de utilidad pública e interés social, todos los
bienes y servicios requeridos para desarrollar las actividades de producción,
fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización
de bienes prestados y servicios”. En criollo, los bienes particulares de los
venezolanos pueden ser decomisados (robados) por el Estado a través de una
simple denuncia de acopio o suba de precios “injustificada”. La misma norma
establece, además, que la denuncia produce la sanción (castigo) inmediata
(clausura del comercio, decomiso de la mercadería o multa) con total
independencia del proceso judicial que debe demostrar la responsabilidad del
supuesto infractor. Un absurdo legal. Está aquí nomás, a la vuelta de la
esquina. Porque el proyecto de ley que impulsa el diputado nacional Humberto
Recalde (el papá del inservible que administra Aerolíneas Argentinas) es
calcado al vigente en la República Fascista Bolivariana, según el cual “se
facilita el ejercicio de las facultades... al Poder Ejecutivo para expropiar
bienes que sean objeto de maniobras de desabastecimiento, acaparamiento,
agiotaje y/o especulación...” Agrega, “el requisito ineludible de abonar la
multa con carácter previo a que la medida sea revisada por el órgano judicial”.
Así, los que guardan la soja esperando mejores precios quedan sujetos a vender
o perder todo. Idéntica situación para los comerciantes. Los que prestan
servicios (médicos, peluqueros, futbolistas, periodistas, etcétera) en algún
momento también recibirán del Gobierno las instrucciones acerca de cuánto deben
cobrar por su trabajo.
El fascismo
venezolano-bolivariano, como los otros que asolan América del Sur, sostiene que
las barbaridades totalitarias de las que se valen para detentar el poder están
plenamente justificadas porque han sido avaladas por el voto popular. Entienden
que el triunfo en una elección general con el 54% les otorga “autoridad moral”
(como dijo Capitanich en 6,7,8). Pues bien, demás está decir que, o están
equivocados o se hacen los equivocados, porque salir airoso de un proceso
electoral no hace ni mejor ni peor a nadie (hace dos mil años un tal Barrabás
se ganó el favor de la mayoría por sobre uno -que creo- merecía mejor suerte).
NOTA:
Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No dejar comentarios anónimos. Gracias!