lunes, 10 de febrero de 2014

MILANI O LA PRUEBA DEL DOBLE DISCURSO

Por Aníbal Guevara Bianchi  | Para LA NACION
   
El problema no es Milani... Mejor dicho: por supuesto que es un problema el enriquecimiento dudoso de quien fue jefe de Inteligencia del Ejército, ya que, como se sabe, esos funcionarios manejan fondos reservados por los cuales no rinden cuentas y, por lo tanto, deberían tener unos patrimonios irreprochables para evitar cualquier suspicacia.

Residencia particular de César Milani

Pero respecto de las denuncias hechas ante la Conadep sobre su papel en La Rioja o durante el Operativo Independencia, el problema no es Milani, sino el doble discurso .

Sobre el polémico general de brigada pesa una denuncia que, como toda denuncia, debe ser investigada con estricto recelo del respeto a la legalidad y el debido proceso, ya que como se juzga a los militares de haber subvertido el orden institucional, haber reprimido ilegalmente y haber violado los derechos humanos, todo proceso originado en una denuncia de este tipo tiene que ser intachable para ser coherente. Pero aquí la coherencia hace rato que está ausente.

Cómo no estar de acuerdo con las palabras de Estela de Carlotto sobre el caso del nuevo jefe del Ejército: "Cuando hay una denuncia no hay que prejuzgar sino que hay que investigar y luego sacar conclusiones correctas"; "Creo que sobre una denuncia que no tiene ninguna comprobación posterior no se pueden tomar medidas"; "Nosotros no encontramos antecedentes en él, en la foja de servicio de él dice que efectivamente ha estado en esos lugares, en Tucumán, pero bueno, si presumimos que cada miembro de las Fuerzas Armadas que estaba en un lugar determinado es responsable de un genocidio, tendríamos que enjuiciar a todas las fuerzas, porque todos estaban en algún lugar, en algún momento".


Las palabras de Carlotto no podían ser más ecuánimes. El problema es que, en mi caso, me consta que no es ése el espíritu de los juicios de lesa humanidad. Mi padre, que es más o menos de la misma edad que Milani, por lo que tenía más o menos el mismo grado en aquellos años, está detenido desde 2006 a pesar de no haber sido nombrado en el Nunca Más ni haber tenido denuncias en su contra hasta ese año. En la primera instancia, fue condenado a cadena perpetua. La condena fue fundamentada sin pruebas, con testigos que contradicen sus propias declaraciones realizadas en los años 80 o que directamente tienen pedido de falso testimonio por absurdos y falaces. Según el fiscal, mi padre "debería haber sabido lo que pasaba" y por eso lo condenaron con una pena mayor de la que le dieron a sus generales en el Juicio a las Juntas, pese a que tenía 23 años en 1976. Durante el juicio fueron ignoradas las declaraciones que confirmaban que, cuando lo mandaron a hacer detenciones, lo hizo de día, de uniforme, que se presentó con nombre y grado, labró actas e informó el lugar de detención correspondiente.


Tanto a él como muchos otros presos por causas de lesa humanidad se les violan sus derechos humanos cuando se los mantiene bajo prisión preventiva sin justificativo a la espera de las instancias que falten después de un primer fallo o directamente sin juicio, presumiéndolos culpables. También cuando se les niega el acceso a la educación, cuando se desatienden sus necesidades médicas, cuando se les niegan prisiones domiciliarias a los mayores de 70 años o a los que están enfermos, cuando se rechazan sistemáticamente las presentaciones de los abogados o se aplica retroactivamente la ley penal, entre otros muchos ejemplos.


Aunque Ricardo Lorenzetti ya había adelantado que los juicios por delitos de lesa humanidad son una política de Estado, tenemos derecho a esperar que el desarrollo práctico de esa política no dañe la norma fundamental de convivencia que se dan los Estados, la ley. Sin embargo, el Poder Judicial se ensaña con los acusados, aun antes de que los delitos hayan sido probados.

Pero en el caso de Milani, las denuncias por el supuesto enriquecimiento ilícito y las acciones que se le atribuyen durante la década del 70 fueron obviadas por la parcialidad kirchnerista. El tratamiento que reciben las denuncias que pesan sobre él desnuda la arbitrariedad con que el Gobierno y los organismos de derechos humanos abordan problemas que involucran a sectores amplios de la sociedad.

Si no fuera así, el ahora general se encontraría en alguno de los institutos penales del país, esperando la resolución de un juicio por delitos de lesa humanidad o cumpliendo una condena; si es que no hubiese muerto ya, a raíz de las condiciones de detención y la paupérrima atención médica, necesaria para los mayores de sesenta años. En este universo paralelo, sus hijos hubiesen sido testigos de cómo los jueces, los abogados querellantes y los fiscales llevan adelante los procesos con los resultados cerrados desde el inicio. Una máquina poderosa y torpe los engulliría con fruición, como lo hizo con nuestros padres y nosotros.


A Milani lo amparan el Gobierno y los organismos de derechos humanos. El resto de quienes enfrentan sospechas sobre su actuación en los años 70 sufren la persecución y la cárcel a partir de procesos cuestionables desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, uno y otros algo tienen en común: sus casos son tratados con la misma rigurosa irregularidad, si se nos permite la expresión.

El problema es el doble discurso: se utiliza la bandera de los derechos humanos como blindaje frente a las críticas y mientras tanto se está dispuesto a violar los derechos humanos de cualquier ciudadano al que se pueda vincular con cualquier pretexto a causas de lesa humanidad. Salvo que, como Milani, sea un soldado bajo sus órdenes.

El autor es vocero de la agrupación Hijos y Nietos de Presos Políticos



NOTA: Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.

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