En el año 1969 visitamos con la Fragata Libertad
el puerto de Freetown en la capital de Sierra Leona. Debido a la violencia que
imperaba en el país tuvimos que zarpar anticipadamente ya que las calles eran
muy peligrosas y la presencia y la
acción policial muy poco significativas. La justificación para esa
situación era que Sierra Leona había
alcanzado su independencia recién en 1961 y sus instituciones y organizaciones carecían
de madurez y estabilidad. Para nosotros, jóvenes cadetes argentinos, la
situación vivida contribuyó a nuestro
conocimiento del mundo real, en el cual muchos países recién constituidos comenzaban a vivir los traumas de discordia y
violencia que habíamos estudiado como parte de la historia del nacimiento de la
Argentina independiente.
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| Centro de Freetown, capital de Sierra Leona |
Sorprendentemente, habiendo transcurrido más de
200 años desde los albores revolucionarios de mayo, los obispos argentinos nos
dicen que la Argentina está enferma de violencia y nos detallan los múltiples indicios de esa
enfermedad. No existen excusas ni atenuantes para esa disfuncionalidad orgánica
de nuestra sociedad. No es una sociedad ni tan nueva, ni tan pobre, ni tan
injusta. No estamos bloqueados por flotas extranjeras ni consumidos por la
hambruna o la peste. Se trata simplemente de las consecuencias
de la incompetencia absoluta de un
gobierno que durante más de 10 años ha operado desde el poder para potenciar
los conflictos internos, otorgar impunidad a la delincuencia y abrir las puertas al narcotráfico y el
crimen internacional, bajo el influjo de confusas consignas revolucionarias,
tan falsas como las proclamas de éxito y progreso que solo existen en el delirio de su imaginación.
La respuesta del gobierno al documento del
episcopado fue absolutamente previsible. La señora presidente respondió a las
observaciones con argumentos carentes de fundamento, pretendió marcar una
diferencia entre la posición de los obispos y la del Papa, distrajo con la mención de
otros períodos violentos de la historia argentina seleccionados según su
ideología y terminó culpando de todo a los titulares de los pocos medios que
aún no ha podido comprar ni someter. Es
decir que trató de confundir, dividir y atacar, según su conocido estilo, pero sin dar respuesta al hecho central de la
violencia que lastima y enferma a nuestra golpeada sociedad.
Mientras
la presidente provoca irritación su Jefe de Gabinete llama a la risa y la
burla. Frente a los señores senadores mencionó decenas
de miles de crímenes y delitos variados que habrían sido comentados por los canales de televisión, a cuya mención
atribuyó la sensación de inseguridad reinante. Si realmente hizo perder
tiempo a un equipo de funcionarios
pagados con los impuestos ciudadanos, observando miles de horas de noticieros
para poder tener un argumento que explique el inexplicable crecimiento del
delito debería ser imputado por malversación de fondos públicos. Pero lo más grave es que no lo horrorizó la
cantidad de delitos que se cometen, ni negó su existencia ya que no desmintió caso alguno, sino que se limitó a criticar que los medios los
reflejen. Simplemente lamentable.
El
documento episcopal también habló de la corrupción calificándola de “cáncer
social”, alertó una vez más acerca del auge del narcotráfico y la trata de
personas y formuló críticas acerca del funcionamiento de la justicia. Nada que
no hayamos mencionado reiteradamente en nuestro carácter de partido de oposición pero son
temas que toman mayor peso al ser puestos en negro sobre blanco por un sector
independiente y apolítico, como es un cuerpo de autoridades religiosas, muy
bien informado sobre la realidad de nuestro país y que mantiene buena relación institucional
con el gobierno.
Ante la evidencia de los trastornos sociales, al igual que frente al
fracaso de la economía, el gobierno
recurre a la última herramienta a su alcance que maneja con eficacia. La
mentira.
Sostenida por los medios afines que amplifican y
por los numerosos voceros que multiplican los mensajes cargados de falsedades y
agravios, la mentira y sus sucedáneos de ocultación y deformación de datos se
hacen más frecuentes a medida que el fracaso de las políticas oficiales se hace
reiterado y evidente.
Contrariando su prédica el gobierno ya devaluó,
puso límites al crecimiento de los salarios, aumentó las tasas, reconoció parte de la inflación, aceptó pagar
las acciones confiscadas a REPSOL y
anunció la rebaja de subsidios y la reanudación de las relaciones con las
organizaciones económicas internacionales que manejan la llave de los créditos, entre otras retractaciones.
Salvó con ello a la economía del colapso inmediato pero desencadenó una
formidable recesión cuyos efectos comienzan a manifestarse en forma de
disminución de producción, ventas y créditos y aumento de despidos y
suspensiones.
La
respuesta ante estos fracasos es aumentar el nivel y la frecuencia de las
mentiras y ocultamiento de datos. El más resonante es
la negativa a declarar el porcentaje de pobres e indigentes que surgen de los nuevos índices
de inflación reconocidos por el mismo
gobierno a través del INDEC. La puerilidad de negarse con banales excusas a
presentar esos datos refleja una vez más la lógica enfermiza del oficialismo.
Si se niegan los datos de pobreza suponen que evitarán que se hable de la misma y que, en
consecuencia, la pobreza no será un problema porque no estará en la agenda
mediática. El hecho de que pobres e
indigentes pueblen la geografía urbana y
rural es indiferente para estos singulares dirigentes, en tanto no sean
noticia.
¿Qué factor
común tienen el crimen callejero, la corrupción cancerígena y la mentira
desembozada? La respuesta es: la impunidad. Los delincuentes saben
que los riegos de su accionar son escasos y que las teorías progresistas
impulsadas por el gobierno y los sectores de centroizquierda pretenden el extremo de que sus actos ya no sean siquiera
socialmente rechazados por considerarlos “víctimas
del sistema”. Los corruptos no tienen más que leer las estadísticas de
delitos que llegan a condena para tranquilizar su espíritu ante la certeza de
que no tendrán castigo y de que podrán disfrutar de los bienes mal habidos por
varias generaciones. Los mentirosos no enfrentan el riesgo de la condena moral
ni material y solo nos queda esperar
para castigarlos en las urnas, con el voto ciudadano, si es que no vuelven a engañarnos antes.
Para
que recobremos la esperanza de recuperar la república, en el verdadero sentido
de la palabra, es imprescindible romper el círculo de la impunidad.
En las elecciones del 2013 proclamamos la necesidad de que un futuro gobierno juzgara los delitos de
corrupción ya que el gobierno actual bloqueaba todo intento de hacer justicia,
anulando la acción de los mecanismos de control y ejerciendo una fuerte
influencia sobre jueces y fiscales. Desde entonces, la suspensión del fiscal Campagnoli y las moras judiciales ante las nuevas evidencias
surgidas contra el vicepresidente Amado
Boudou, los empresarios protegidos
por el gobierno y los funcionarios
que llegaron a detener allanamientos a financieras con reconocidos llamados a
los jueces influenciables, nos ponen
ante la certeza de que sin una mancomunada y prioritaria acción
contra la impunidad ningún futuro gobierno podrá recuperar la credibilidad
perdida. No
solo debemos llevar a los corruptos a la cárcel sino decomisarles los bienes
mal habidos para que vuelvan al servicio
ciudadano en obras y bienes. Si
así no lo hiciéramos será difícil evitar
un nuevo fracaso.
Así como en materia económica el gobierno apenas
aspira a durar hasta el fin de su mandato sin que se produzca un colapso (con resultado incierto) en materia política todo su esfuerzo está
dirigido a lograr un blindaje ante los
previsibles embates judiciales. Ya no quedan logros económicos o legados
sociales y revolucionarios que mantener, ahora
solo se trata de asegurar la impunidad ante los señalamientos personales que se
avecinan. Destaca en este sentido la designación de cientos de jueces
subrogantes afines, elegidos sin los debidos recaudos, que actuarán en lugar de
los jueces titulares a quienes el gobierno omite designar a través de los
mecanismos constitucionales.
En materia política el gobierno ha puesto el
esfuerzo en recuperar ante la justicia electoral las estructuras del partido
justicialista que estaba prácticamente caduco. De este modo, pretende conducir
el proceso de selección de candidatos oficialistas, evitando la dispersión y el
fraccionamiento y buscando mantener una masa crítica de legisladores capaces de
frenar los posibles pedidos de desafuero y de condicionar al futuro gobierno.
El ariete de este intento será presumiblemente el gobernador Daniel Scioli, el
oficialista mejor posicionado en las encuestas, que no promete continuidad en
las políticas gubernamentales (carece de
espíritu suicida) pero que garantizaría tranquilidad en el ámbito judicial.
El radicalismo, auto enrolado en la “social democracia”, se ha unido al
socialismo y a varios partidos menores de izquierda y centroizquierda en un
conglomerado político denominado UNEN. Este sector promete posiciones firmes en
lo que respecta a perseguir la corrupción (al menos la pasada) pero ofrece
pocas esperanzas de cambio en materia económica
y menos aún en lo que respecta a posiciones definidas en materia de
eficacia ante el delito, pues comparte los ideales mal llamados “progresistas”. Sin embargo, su
composición es muy variada y su futuro
depende de la consistencia de la alianza después de que alguno de sus disímiles
candidatos se imponga en las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias).
Finalmente tanto el PRO de Mauricio Macri como el Frente Renovador de Sergio Massa
mantienen por ahora su individualidad. Ambos espacios políticos dependen
esencialmente de sus figuras líderes y
luchan por alcanzar una dimensión nacional, corriendo contra el tiempo y las
dificultades propias de fuerzas que aún no se han consolidado más allá de
ciertos distritos específicos. Sus posiciones frente a la corrupción no son
explícitas. Massa evita
definiciones y Macri muestra inesperados signos de convivencia con el oficialismo
que ponen a la ciudadanía independiente
en situación de evaluación y expectativa.
Por nuestra parte, en Nueva Unión Ciudadana tenemos una posición muy clara respecto de la
imprescindible necesidad de acabar con la impunidad, tanto en materia de
inseguridad como la que ampara a la corrupción y permite la mentira. Proclamamos la necesidad de avanzar en el
futuro con consensos, armonía y
justicia, terminando con las persecuciones de los hechos acaecidos 30 años
atrás, más ligados hoy a la venganza que a la justicia, para poner el empeño en
juzgar a los corruptos actuales, privarlos de los bienes mal habidos y
recuperar la credibilidad que una generación de pseudo revolucionarios
incompetentes y corruptos le ha quitado
a la república, ante los ojos externos e internos y, sobre todo, ante su propia
conciencia moral.
Juan
Carlos Neves
Presidente de Nueva Unión Ciudadana
Twitter
@NevesJuanCarlos
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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