Durante su campaña,
el presidente Macri dijo que iba a "terminar
con el curro de los derechos humanos". A ocho meses, no cumplió: el
aparato montado durante doce años está intacto: la Secretaría de Derechos
Humanos continúa querellando en todos los juicios de "lesa humanidad" de todo el país; la provincia de Buenos
Aires se ha sumado como querellante; la Universidad Nacional de La Plata
continúa siéndolo; etc. Enorme costo superfluo, innecesario e ilegítimo para un
Estado pobre, representado suficientemente en las causas penales por el
Ministerio Público Fiscal. El secretario de Derechos Humanos -obviamente no
ajeno al Gobierno- sostuvo en La Nación del 27 de agosto que no basta tener 70
años para ser merecedor de prisión domiciliaria, sino que también es necesario
el deterioro en la salud. Inadmisible desconocimiento de la ley por un
funcionario de semejante jerarquía, quien debería renunciar o escribir cien
veces el texto de la ley en la materia, para aprender que establece que una
sola de esas circunstancias es suficiente, dejando de lado la interpretación
distorsionada por ideologías fanatizadas que acomodaron la letra legal a su
gusto, disfrazándola y haciéndole decir lo que no dice.
Enrique
Munilla
DNI 4.433.538
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