Por
Silvia Mercado - 19 de diciembre de 2016
Aníbal
Guevara y Ricardo Mikulan, de Puentes para la Legalidad, son hijo y nieto de
oficiales detenidos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La
organización fue creada para lograr que se respeten los derechos humanos de sus
familiares que "son violados por los
mismos jueces y fiscales" que intervienen en los juicios. No piden
amnistía ni decretos especiales, solo igualdad ante la ley.
"La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) actuó con celeridad en el caso de Milagro Sala, pero mi padre
está con prisión preventiva desde hace diez años y todavía no pudo analizar el
caso", dijo Guevara en el piso de
InfobaeTV, dejando en evidencia la doble vara de la CIDH para medir los casos o
intervenir en los mismos, según de quien se trate.
A
continuación, la entrevista:
— Ustedes vienen bregando por el respeto a los
derechos humanos de sus familiares que están presos por delitos de lesa
humanidad. ¿Cómo es el caso de tu padre?
—
AG: Mi padre Aníbal Guevara está procesado, tiene condena en primera instancia,
no tiene condena firme. Está preso desde 10 años sin condena firme en distintas
condiciones de detención, hace 6 años que está en cárceles comunes.
— ¿Y el caso de tu abuelo cómo es?
—
RM: Mi abuelo Cayetano Fiorini falleció el 19 de setiembre último en el
contexto de la mega causa III que transcurría en Santiago del Estero, con un
fuerte deterioro de su salud en el último mes de vida como producto de los
tironeos y manoseos judiciales. El tenía un cáncer totalmente manejado y un
aneurisma a la altura del abdomen, que podía explotar en cualquier momento y
morir. Una de las últimas juntas médicas que le planificaron, los médicos
cuando lo vieron llegar dijeron que era un riesgo haberlo trasladado así. Está
certificado. Lo trasladaron en un móvil del Servicio Penitenciario, esposado y
sentado. Y ni hablar de la situación de stress que tuvo 10 días antes cuando le
extirparon un riñón cuando una patrulla le toca el timbre a la una y media de
la mañana para decirle a los 86 años que se vuelva a la cárcel de Santiago del
Estero, a pesar de que tenía prisión domiciliaria en firme.
— ¿Por qué no nos hablan de la organización que
integran?
—
AG: Puentes para la Legalidad es una asociación de hijos y nietos de imputados
en causas de lesa humanidad que nos juntamos ya hace muchos años cuando
empezamos a notar que en los procesos que nuestros padres y abuelos eran
sometidos tenían muchas irregularidades en el proceso penal y violaciones a los
derechos humanos.
— ¿A quiénes representan?
—
RM: Tenemos alrededor de 2400 imputaciones, son más de 2100 las personas que
están perjudicadas en estos procesos, 1100 de esas personas están cumpliendo
detención en una cárcel o domiciliaria, la gran mayoría de ellos lleva más de
cinco años en promedio en detención preventiva, que es un exceso entre dos y
tres años en el límite que pone la ley 24390, que dice que el máximo que puede
estar esperando una persona son dos años, o máximo tres años.
—
AG: Hay casos que han llegado hasta 14 años de prisión preventiva. Solo 54 o 55
del total de casi 2200 personas tiene condena firme. Mi viejo tenía en el
momento de los hechos por el cual fue acusado 24 años de edad, más allá de su
bajo nivel jerárquico de responsabilidad no le probaron participación en delito
alguno, más allá de dos testigos que dicen que él los detuvo de día, de
uniforme, labrando actas, informándoles a los familiares dónde quedaban
detenidos, que eran los calabozos de tribunales de San Rafael. Y por eso salió
con una condena a cadena perpetua, que es más grande que la condena al
brigadier Agosti en el Juicio a las Juntas que tenía la responsabilidad en un
33 por ciento de haber dado el golpe militar.
— ¿El caso de tu abuelo cómo es?
—
RM: El era el segundo jefe del Batallón 141 de Santiago del Estero. Lo acusaron
de ser parte de una asociación ilícita y lo acusaron de ser autor mediato de la
desaparición de 45 personas. Lo que decían los jueces es que no podían no haber
sabido lo que estaba sucediendo, no hay sustento probatorio concreto.
— ¿Ustedes dirían que el tratamiento legal es
distinto al habitual del código penal?
—
AG: tanto es así que en Tribunales circulan los expedientes con un sello rojo
que dice "Derechos Humanos" no vaya a ser que el funcionario que lo
agarre se vaya a confundir y lo trate como un expediente normal. Van
señalizados con un sello rojo.
—
Ahora, ustedes hablan de casos de más de 10 años de prisión preventiva.
¿Hicieron alguna presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
—
AG: Sí, desde que tenemos personería jurídica como Puentes para la Legalidad
solicitamos un pedido de audiencia temática ante la CIDH. Como nosotros
denunciamos que este es un estado de situación general, no errores puntuales de
la justicia, una forma de accionar discriminatoria contra esta población, para
exponer ante el pleno de la comisión el estado de situación. En junio de este
año también hicimos una denuncia en Washington con 8 o 10 casos testigos y 80
que adherían a esta denuncia, porque hay responsabilidad directa de jueces y
fiscales que desatendieron situaciones de salud muy concretas, como fue el caso
del comisario Juan José Mussere que falleció en su celda a pesar de que tenía
un problema cardíaco claramente documentado.
— Este año vino el comisionado de la CIDH, James
Cavallaro, al país para ver las cárceles. ¿Pudieron reunirse con él?
—
AG: No nos recibió por un problema de agenda porque estuvo poco tiempo y
recorriendo cárceles, pero pudimos conversar con él en el aeropuerto y nos dijo
que la denuncia podía tardar un año como poco. El problema con los avisos que
le hace la CIDH respecto al tema de nuestros viejos, en el Estado no le dan
cauce a nuestras denuncias. Una de las
veces nos mandaron a hablar con el CELS, y nosotros no tenemos llegada al CELS,
hemos intentado reunirnos, pero sin éxito.
—
Me acabo de enterar que hay una declaración "Más 60" de la OEA que
protege los derechos humanos de los presos de más de esa edad, que Argentina
firmó, pero no se respeta en el caso de los padres y abuelos de ustedes.
—
AG: Según la declaración, arriba de los 60 son adultos mayores y tienen
consideraciones especiales en cuanto a sus derechos. Pero volvemos siempre al
mismo lugar, primero al prejuicio de lo que significan simbólicamente nuestros
padres y abuelos. La gran mayoría de los presos, la promoción que más presos
tiene de oficiales del ejército es la de mi padre, que tenían veintipico de
años en aquélla época. Son los que menos responsabilidades tenían y tampoco
pueden pedir prisión domiciliaria porque tienen bastante menos de 70 años. Y
los que tienen más de 70 años creo que hay más de 200 que están en las
cárceles.
—
RM: Alrededor de 600, la mitad de los presos mayores de 65 años en penales de
Argentina, son por causas de lesa humanidad están presos en cárceles comunes.
—
AG: Debería ser automático, y lo es, salvo en los casos de lesa humanidad.
Eugenio Zaffaroni dice en su doctrina que donde dice "puede" debe
leerse "debe", porque no puede quedar en la antipatía del juez, pero
en ningún caso de lesa humanidad falló de acuerdo a su propia doctrina.
—
RM: el espíritu de la ley es que la pena no se vuelva más mortificante de lo
que es la privación de la libertad. El PAMI no habilitaría ninguna de las
cárceles del país si se aplicasen los mismos requisitos que un hogar de
ancianos, rampas, dietas especiales, asistentes, espacios para rehabitación
kinesiológica.
— ¿Consideran que hay discrecionalidad de parte de
la OEA y la CIDH entre el caso de sus familiares y el de Milagro Sala, donde se
pronunciaron incluso antes de constatar sus condiciones de detención?
—
AG: Hay un tabú con respecto a las causas de lesa humanidad. Hay una cierta
flexibilidad moral para pedir por los derechos humanos en la gente que creemos
que piensa más o menos como nosotros y cuando de verdad se ponen en juego los
derechos humanos es cuando creemos que piensa muy distinto a nosotros. Nuestros
padres son un símbolo y nadie se anima a pedir por sus derechos y nadie se
anima a reclamar como en el caso de Milagro Sala. Consideramos que su detención
esté ajustada a derecho. Sabemos lo que es pasar muchos años en prisión
injustificada y sabemos lo que es estar sometido a un poder inmenso del Estado
y no poder acudir a nadie porque, en nuestro caso, son los jueces y los
fiscales los que violan esos derechos.
— Si ustedes le pudieran pedir algo a los
organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, ¿qué les pedirían?
—
RM: Nosotros tenemos cuatro pilares como ONG. En primer lugar el tratamiento
igualitario de la ley para todos, que haya jueces independientes, que los
procesos sean legales e imparciales, que no haya ningún tipo de duda sobre la
conformación del tribunal y los antecedentes. Y, por último, que se cumpla la
ley que está. No pedimos ni amnistía ni ningún tipo de decreto, ni nada nuevo.
Solo que se respete la ley, la Constitución, las reglas Mandela, los derechos
humanos.
—
AG: que no haya detenidos sin pruebas, que no haya ninguna violación a los
derechos humanos ni para nosotros ni para ningún preso en la Argentina.
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